El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió el juicio masivo contra 486 presuntos cabecillas de pandillas. El mandatario afirmó que los procesados no son delincuentes menores. Según explicó, se trata de jefes responsables de ordenar delitos graves.
Entre los crímenes mencionó asesinatos, violaciones, extorsiones y secuestros. Además, indicó que muchos ya cuentan con condenas previas por delitos cometidos directamente.
Gobierno vincula proceso a miles de crímenes ordenados
Bukele aseguró que el juicio masivo se enfoca en los delitos que estos líderes ordenaron. En total, mencionó más de 47,000 crímenes atribuidos a las estructuras.
Según el mandatario, entre estos casos figuran más de 29,000 asesinatos comprobados. Por ello, sostuvo que el proceso busca establecer responsabilidades más allá de los autores materiales.
Además, explicó que el enfoque se centra en la cadena de mando dentro de las pandillas. Esto permitiría juzgar a quienes dirigían las operaciones criminales.
“Woefully unfair”?
These 486 terrorists are not petty criminals. They are well-known gang leaders, most of them already convicted of crimes they personally committed, including murder, rape (often rape followed by murder), extortion, and kidnapping.
But this so-called “mass… https://t.co/oCV6fMyzxW
— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 22, 2026
Ejecutivo invoca principio de responsabilidad de mando
El presidente señaló que el proceso aplica el principio de responsabilidad de mando. Este criterio atribuye responsabilidad a los líderes por los actos de sus subordinados.
Bukele comparó este enfoque con precedentes internacionales como los Juicios de Núremberg. Según dijo, ese principio ya se utilizó en otros contextos judiciales.
Respuesta a críticas
El mensaje de Bukele, difundido en redes sociales, es en respuesta a la crítica Kenneth Roth.
El exdirector de Human Rights Watch calificó el proceso como “lamentablemente injusto”. Además, advirtió sobre riesgos para las garantías judiciales.
Roth señaló que el caso forma parte de las medidas implementadas bajo el régimen de excepción. Este mecanismo se mantiene vigente en la estrategia contra pandillas.
El juicio masivo contra pandillas se desarrolla en medio de un debate sobre seguridad y justicia. Mientras el Gobierno defiende su legalidad, sectores críticos cuestionan su impacto en el debido proceso.
