El Gobierno de Estados Unidos sancionó este jueves a dos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a otras personas y siete empresas vinculadas al sector del oro en Nicaragua, a quienes acusa de financiar a la dictadura nicaragüense.
La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que señaló que los sancionados participan en esquemas para generar ingresos y sostener el control político en el país centroamericano.
Entre los señalados figuran funcionarios del Gobierno, incluyendo un viceministro de Energía y Minas, así como dos hijos del matrimonio dictatorial, Maurice Facundo y Daniel Edmundo, quienes desempeñan cargos dentro de la administración pública.
“Dos de los hijos de Murillo y Ortega fueron designados hoy debido a sus funciones como funcionarios del gobierno nicaragüense. Maurice Facundo Ortega Murillo (Maurice Ortega) funge como Delegado Presidencial de Nicaragua para el Deporte. Su función es supervisar el Instituto Nicaragüense del Deporte y su directiva, así como promover la imagen pública de sus padres en ese ámbito. Daniel Edmundo Ortega Murillo (Daniel Edmundo Ortega) es el jefe del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua”, dice el comunicado del Departamento del Tesoro.
Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, estas estructuras han sido utilizadas para apropiarse de inversiones extranjeras, especialmente de origen estadounidense, y canalizar recursos hacia el régimen.
“La dictadura de Murillo-Ortega ha buscado llenar sus propias arcas mediante el uso de estas compañías de oro y co-conspiradores, confiscando inversiones estadounidenses en Nicaragua y utilizándolas para generar fondos que mantengan su poder político”, dijo Bessent.
Según el comunicado, la dictadura de Murillo-Ortega ha colocado a miembros de su familia en puestos clave para mantener el control de sectores cruciales de la economía nicaragüense.
La red de oro de la dictadura
El Departamento del Tesoro también detalla que el Gobierno nicaragüense ha reorganizado el sector minero mediante una red de empresas vinculadas, con el objetivo de generar divisas, lavar activos sancionados y fortalecer su control económico.
“Desde 2020, ha reestructurado el sector minero, transformándolo en una compleja red de empresas y testaferros diseñada para generar divisas, blanquear activos sancionados y reforzar el control político en beneficio propio. Este esquema corrupto, controlado por el gobierno, está dirigido por dos personas sancionadas por Estados Unidos: Laureano Ortega Murillo y Salvador Mansell Castrillo (Mansell), Ministro de Energía y Minas de Nicaragua, a quien la OFAC sancionó el 15 de noviembre de 2021”, explica el Departamento del Tesoro.
Además, recuerda que “altos cargos de la dictadura de Murillo-Ortega se han beneficiado del aumento de las exportaciones de oro de Nicaragua en los últimos años, debido al papel preponderante que desempeña la empresa minera estatal nicaragüense —Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS)— en el desvío de ganancias a socios del sector privado y el pago de sobornos a personas cercanas al régimen”.
“El régimen de Murillo-Ortega faculta a ENIMINAS para decidir qué empresas utilizará para la explotación de reservas de oro y minerales. La OFAC sancionó a ENIMINAS el 17 de junio de 2022”, subraya el comunicado.
Entre las compañías sancionadas se encuentran firmas que exportan oro, procesan minerales y operan concesiones otorgadas por el Estado, algunas de las cuales habrían movilizado más de $25 millones en exportaciones hacia Estados Unidos.
Denuncian confiscación de empresa estadounidense
Asimismo, las autoridades estadounidenses denunciaron la confiscación de activos de una empresa con inversión extranjera, cuyos bienes habrían sido ocupados sin compensación por compañías vinculadas al régimen.
En 2025, representantes de empresas vinculadas a la dictadura de Murillo-Ortega ocuparon arbitrariamente una planta propiedad de BHMB Mining Nicaragua S.A. (BHMB), una empresa nicaragüense fundada en 2019 con inversión extranjera de una compañía estadounidense. Según informes públicos, estos individuos irrumpieron en las instalaciones de BHMB, expulsaron al personal de seguridad y tomaron el control físico de la propiedad. Al parecer, BHMB no ha recibido ninguna compensación por la incautación de su propiedad, y el Gobierno de Nicaragua revocó formalmente su licencia de operación hace poco tiempo.
El Departamento del Tesoro señala que las empresas nicaragüenses de oro Zhong Fu Development S.A. (Zhong Fu, de capital chino) y Santa Rita Mining Company S.A. (Santa Rita) se encuentran entre las compañías vinculadas al régimen de Murillo-Ortega que participaron en la incautación forzosa de la planta de procesamiento de oro de BHMB.
El comunicado señala que Zhong Fu es una empresa nicaragüense de oro que opera principalmente en el comercio de oro en Nicaragua. Feiwu Bian, presidente y representante legal de Zhong Fu, fue identificado como uno de los individuos involucrados en la ocupación de la planta de BHMB. Aníbal Vladimir Matus Buitrago, representante legal de Zhong Fu, también fue identificado como uno de los individuos involucrados en la ocupación de la planta de BHMB. Santa Rita es una empresa aurífera nicaragüense a la que el régimen de Murillo-Ortega le otorgó miles de acres en concesiones para la extracción de minerales.
“Hoy, la OFAC designó a Zhong Fu y Santa Rita, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851, enmendada, por operar o haber operado en el sector aurífero de la economía nicaragüense. La OFAC designó a Bian de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851, enmendada, por actuar o pretender actuar en nombre de Zhong Fu, directa o indirectamente, y por operar o haber operado en el sector aurífero de la economía nicaragüense. La OFAC designó a Buitrago de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851. 13851, enmendado, por actuar en nombre o pretender actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, de Zhong Fu, y por operar o haber operado en el sector aurífero de la economía nicaragüense”, subraya el informe.
Los otros sancionados son Santiago Hernán Bermúdez Tapia, Viceministro de Energía y Minas, Nelson Francisco Sobalvarro, representante legal de COMINTSA y Lester Matus Tamariz, un abogado cuyos servicios de notario público facilitaron y agilizaron las concesiones mineras a Zhong Fu.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes de los implicados en territorio estadounidense quedan bloqueados, y se prohíben transacciones financieras con estas personas o entidades.
