El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, vetó el proyecto de “Ley de orientación vocacional” por considerar que invade las competencias del Órgano Ejecutivo y porque incluye posibles gastos del Gobierno sin que se detallen las fuentes de financiamiento.
Por medio de una nota presidencial con fecha del 24 de marzo y remitida para el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, el mandatario panameño explicó que su veto se fundamenta en que trastoca competencias del Ejecutivo y porque genera obligaciones administrativas que llevarían a gastos sin contemplan la fuente de financiamiento.
Mulino detalló en la nota que la propuesta de ley no contiene una definición clara de la población beneficiada y señaló que la normativa podría conllevar “conflictos de competencia” ente el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y el sistema educativo por la orientación vocacional y la certificación.
“En materia educativa, señala la existencia de una normativa preexistente, función que recae en el Ministerio de Educación. En consecuencia, la intervención del Mitradel podría ocasionar superposición normativa y conflictos de competencias” señala el comunicado dado a conocer por el Gobierno panameño.
Los señalamientos
Además, señaló que la iniciativa no contempla a la Secretaría Nacional de Discapacidad sobre los mecanismos de coordinación obligatoria e indicó que el documento no detalla si las certificaciones tendrán equivalencia de formación laboral o como títulos académicos.
Asimismo, Mulino hizo énfasis en que al establecer programas, certificaciones y uso de plataformas tecnológicas, el proyecto debe establecer una fuente clara de financiamiento.
La normativa fue inicialmente aprobada en la Asamblea Nacional como un mecanismo para que jóvenes adultos reciban talleres que les permitan adquirir conocimientos específicos y así poder insertarse laboralmente, pues los legisladores argumentaron “saturación de carreras tradicionales”.
El proyecto fue aprobado el 9 de febrero con votación unánime, sin embargo, fue devuelta a la Asamblea por el presidente Mulino al alegar que contiene vicios de constitucionalidad y conflictos de competencias entre instituciones del Estado.
