La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que el nombramiento de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general de Guatemala representa una oportunidad para fortalecer el Estado de derecho y recuperar la independencia del Ministerio Público (MP).
La CIDH sostuvo que el proceso de renovación de la máxima autoridad del Ministerio Público ocurrió en un contexto marcado por “injerencias indebidas” y la persistencia de la criminalización en Guatemala.
En su pronunciamiento, la Comisión cuestionó directamente la gestión encabezada por la actual fiscal general, Consuelo Porras, y señaló que el Ministerio Público se apartó de su mandato constitucional de actuar con independencia, autonomía y objetividad.
Según la CIDH, durante los últimos años se consolidó una práctica de criminalización dirigida contra personas consideradas una amenaza para estructuras de poder vinculadas a corrupción e impunidad dentro del Estado guatemalteco.
El organismo recordó que en su informe sobre la situación de derechos humanos en Guatemala concluyó que la instrumentalización del sistema penal se utilizó como mecanismo de represalia política.
La Comisión también alertó que durante 2025 y 2026 se intensificó la persecución judicial contra líderes indígenas, defensores de derechos humanos, operadores de justicia y actores políticos.
Entre las prácticas denunciadas por la CIDH figuran la presentación de múltiples denuncias contra una misma persona, procesos basados en acusaciones anónimas, uso excesivo de prisión preventiva y campañas de difamación digital.
El organismo destacó como ejemplos preocupantes las denuncias promovidas por la Fundación contra el Terrorismo contra integrantes de la Comisión de Postulación para elegir fiscal general, así como operativos vinculados al proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
La CIDH también expresó preocupación por la persecución penal contra exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, entre ellos Luis Pacheco y Héctor Manuel Chaclán, quienes permanecen en prisión preventiva acusados de terrorismo y asociación ilícita.
Asimismo, mencionó casos como el del exfiscal Stuardo Campo y de defensores de derechos humanos como Ramón Cádena y Claudia González, quienes enfrentaron procesos judiciales, medidas sustitutivas o exilio forzado.
Otro de los expedientes señalados fue el denominado caso “Corrupción Semilla”, mediante el cual el Ministerio Público confirmó la cancelación definitiva del partido Movimiento Semilla bajo la Ley contra la Delincuencia Organizada.
La CIDH advirtió que este tipo de acciones reflejan un patrón de instrumentalización institucional que erosiona la confianza pública y debilita el Estado de derecho en Guatemala.
En ese contexto, la Comisión consideró que la llegada de Gabriel García Luna al Ministerio Público podría abrir una etapa orientada a recuperar la independencia y legitimidad de la institución.
La CIDH expresó disposición de brindar cooperación técnica al nuevo fiscal general para contribuir al fortalecimiento del sistema de justicia guatemalteco y a la recuperación de la autonomía institucional del Ministerio Público.
