La organización Cristosal reporta 245 víctimas de persecución política en El Salvador en los últimos seis años según los resultados de su informe “El precio de disentir: criminalización y persecución política en El Salvador” presentado este jueves.
Cristosal detalla en su informe que detectaron al menos cuatro perfiles de personas afectadas por la persecución política en El Salvador: quienes gozan de protección internacional especial, víctimas de persecución indirecta en su entorno, personas críticas que señalan al gobierno públicamente y los opositores por su afiliación partidaria.
Además, la organización señala que los patrones más comunes de persecución son procesos sin judicialización (40), con acciones penales (174), con concurrencia judicial y penal (6) y procesos judiciales no penales (25). Se estima que el 60.4 % de las vulneraciones son sufridas por personas con protección internacional.
“El análisis global de los datos indica que la persecución en El Salvador no se limita a una única forma de represión, sino que opera de manera escalonada y combinada” señala Cristosal en su informe publicado este jueves.
Las estadísticas evidencian que desde junio de 2019 hasta diciembre de 2025 ha aumentado un 2,350 % los casos de criminalización, pues al inicio del estudio se reportaban 2 casos y para el cierre se reportaron 49. Mientras que, en la persecución extrajudicial y no penal se muestra una clara disminución llegando a un caso.
El estudio señala que en 2019 y 2020 hubo “represión selectiva” que se caracterizaba por la persecución extrajudicial. Para 2021, esto cambió a persecución institucionalizada que llevó a un aumento de la criminalización.
Para el período 2022 a 2024 se evidenció una “estabilización de la persecución institucionalizada” donde se normalizó la criminalización, para que finalmente en 2025 se consolidara la criminalización del modelo dominante contra críticos del Gobierno.
Los casos de los criminalizados
El informe señala los casos de persecución política en modalidad extrajudicial de Silverio Morales, Antonio Durán Ramírez, Carolina Amaya y Lorena Peña. En cuanto a la modalidad de criminalización se nombra a Wilson Sandoval, Mario Gómez, Jeannette Aguilar, Mauricio Ramírez Landaverde, Ramón Roque Mártir, Alejandro Muyshondt, Ovidio Hernández, Calixto Mejía, Francisco Antonio Lizama, Jorge Alberto Saravia y Héctor Silva Hernández.
Mientras que, en presos políticos se reconoce a Ruth Eleonora López, Ernesto Muyshondt, Fidel Zavala, Ivania Cruz, Rudy Joya y Víctor Barahona. Además, de la persecución a críticos como Berta María Deleón y Enrique Anaya.
Para contrarrestar estos casos, Cristosal recomienda un cese inmediato de la persecución, que se repare a las víctimas, que se garantice independencia judicial y Estado de derecho, que se fomente la transparencia y rendición de cuentas, que haya garantías procesales y liberaciones.
Asimismo, considera fundamental que se erradique la persecución extrajudicial y que se echen a andar reformas para atender los casos de persecución y realizar investigaciones imparciales sobre las violaciones a derechos humanos cometidas en el país.
