La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) recomendó al Gobierno de Guatemala que los nombramientos de nuevas autoridades en elecciones de segundo grado sean transparentes y que supervise la adquisición de bienes y servicios por casos de corrupción.
A través de un informe titulado “La corrupción sí tiene víctimas”, la FIDH sugirió al Gobierno guatemalteco que las elecciones de funcionarios para cargos de segundo grado sean abiertas, transparentes, que se basen en el mérito y que incluyan en el proceso a la sociedad civil.
Las recomendaciones surgen a partir de un análisis sobre cómo tras el cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hubo un debilitamiento del Estado de Derecho y de la democracia, pues élites políticas, económicas y militares perdieron impunidad y presionaron para frenar la comisión.
La comisión colaboró en la presentación de 120 casos de corrupción contra 1,540 personas, entre los que se encontraban unos 200 funcionarios y exfuncionarios. En esa colaboración con la Fiscalía guatemalteca se impusieron 400 condenas.
Pese a los notables resultados, el cierre de la comisión inició cuando se investigó al presidente Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito. La presión hizo que se congelaran fondos estadounidenses destinados a la comisión y el Congreso debilitó las penas para perseguir a funcionarios y empresarios.
Luego del cierre de la CICIG, el informe destaca el papel de Consuelo Porras como fiscal, quien “mantuvo tensiones con la CICIG respecto a investigaciones” contra funcionarios, empresarios y aliados del gobierno. Además, la FIDH señala a Porras de perseguir fiscales, investigadores y operadores vinculados a la CICIG.
“Porras ha desplegado una estrategia sistemática de uso del sistema penal para proteger poderosos intereses políticos y económicos, mientras persigue a opositores, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y ex operadores de justicia” enfatiza la Federación.
Por eso, es que la Federación recomienda al Gobierno que excluya de nombramientos a acusados de abusos de poder, corrupción o graves violaciones a derechos humanos. Además, que enfatiza que el nuevo fiscal sea elegido con criterios objetivos, por méritos y que tenga experiencia en investigación y persecución penal.
Compra de vacunas sin garantías y pago adelantado
El informe de la FEDH también recuerda el escandaloso caso de compra de vacunas a Human Vaccine durante la pandemia de Covid-19 a través de un contrato sin garantías de cumplimiento y un pago adelantado del 50 %, en el que el Gobierno de Alejandro Giammattei se hizo responsable de asumir la totalidad de gastos de transporte, almacenamiento y transferencia internacional.
El contrato estuvo oculto por varios meses y al hacerse público se conoció que este contenía una cláusula en la que establecía que cualquier controversia sería resulta con legislación de Inglaterra y Gales, con arbitraje internacional en Singapur.
A todo el escándalo se sumó el retraso en la entrega de vacunas, las cuales, se vencieron. La investigación del Ministerio Público sobre este caso se mantiene en reserva.
Por esto, la FEDH recomienda al Gobierno que establezca controles y supervisiones efectivas a la adquisición de bienes y servicios para prevenir casos de corrupción. Asimismo, que se garantice el principio de transparencia de la información pública en contrataciones.
