El triunfo de la derecha en varios países latinoamericanos, la captura del jefe del Cartel de los Soles y dictador venezolano Nicolás Maduro; y la política exterior de Estados Unidos basada en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo, como ejes tanto de una defensa hemisférica como de seguridad nacional, marcan la pauta política en el 2026 para un cambio hacia la democracia en Nicaragua, y una transición electoral.
Esta, de lograrse, tendría dos compuertas absolutamente viables: Bajo una transición pacífica, que revierta ciertas leyes —las cuales no han sido validadas por nadie más que por el propio régimen sandinista y sus adláteres en la Asamblea Nacional—; permitir el regreso de miles de nicaragüenses incluyendo a los despatriados, liberar presos políticos, validando últimos acuerdos incumplidos desde 2019 y dejando abiertas otras garantías y libertades, repitiendo el mismo patrón sociopolítico de 1990, o bien, desde una perspectiva en la que entren en juego, más que las tendencias geopolíticas, las disposiciones sobre seguridad y defensa planteadas por los ataques frontales y armados contra el narcotráfico y el terrorismo por parte de Estados Unidos.
En ambos casos, el desenlace de estos hechos dependerá también de la voluntad política del régimen Ortega-Murillo, de su medición de fuerzas —debilitadas en su entorno castrochavista—, en sus alianzas con potencias foráneas y potencialmente amenazadas con más presiones internacionales.
Bajo esta precisión argumental, la administración de Donald Trump ha sido lo suficientemente clara en hacer prevalecer su nueva estrategia geopolítica, y es ahí donde surge la alternativa del diálogo como herramienta inicial para un entendimiento que permita afianzar la unidad opositora y encaminarse a unas elecciones. No existe otra vía y, si la hay, será la salida forzada, vergonzante y de daños incalculables en vidas humanas y pérdidas materiales para la dictadura y para el propio pueblo.
La posición geográfica del país tampoco permite oportunidades reales. Ya lo dijo el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que Nicaragua sigue siendo la piedra en el zapato para el resto de naciones centroamericanas. Y esto sin tomar en cuenta que tras la derrota electoral en Honduras la soledad y el aislamiento agobian más a la dictadura.
Centroamérica y Mesoamérica en su conjunto también están vistas a nivel internacional como una región vinculada al tráfico de drogas. Desde México hasta el Darién la leyenda sobre esta peste invade a toda la región. Ahora reventó Guatemala.
Los tiempos vienen cambiando, pero ya se verá si el sandinismo lo hace. En los 80 desbarataron al país y desarticularon a la oposición. En los años de los gobiernos de transición (1990-2006) chantajearon sus administraciones de mil maneras y desde el 2007 a la fecha no se ven atisbos de cambio. (Como pretende el binomio Ortega-Murillo cuando pide a Estados Unidos liberar a Nicolás Maduro mientras mantienen a políticos en la cárcel).
Cuando el expresidente Enrique Bolaños hizo el traspaso de la banda presidencial a Daniel Ortega en 2007, le dijo que le estaba dejando “la mesa servida”, es decir, una economía próspera y todo un andamiaje institucional y gubernamental en perfectas condiciones. Pero este no hizo caso y a los pocos días de su segunda gestión, empezó a deshacer lo que por años costó rehacer y volvió a reunirse con sus viejos compinches castrochavistas.
En las actuales circunstancias lo que más conviene es revertir lo actuado y abrirse políticamente. Crear condiciones seguras para darle espacio en primera instancia a la oposición política interna (bases y cuadros de la derecha sin la participación de las cúpulas de los partidos satélites) y avanzar a elecciones libres, sacando a Nicaragua adelante mediante una transición democrática. Parafraseando al movimiento norteamericano “Hacer Grande América de Nuevo (MAGA)”, corresponde en la patria de Rubén Darío y Pablo Antonio Cuadra: hacer a Nicaragua Grande de Nuevo.
