La 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció un patrón de intimidación y hostigamiento por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras contra periodistas y medios independientes.
La organización expresó su preocupación por el deterioro de la libertad de prensa en el país centroamericano, al documentar una serie de acciones institucionales que buscan acallar la crítica y silenciar voces incómodas.
Uno de los casos más graves ocurrió el 29 de septiembre, cuando el medio digital de las Fuerzas Armadas publicó una portada donde acusó al periodista Rodrigo Wong Arévalo de ser “un traidor a la patria”, por supuestamente “defender posturas de El Salvador en la disputa por el Golfo de Fonseca”.
El señalamiento público lo expuso a un riesgo físico y reputacional, hecho que fue condenado de inmediato por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC), quienes exigieron el cese de las campañas de odio.
La SIP también señaló como preocupante la campaña de hostigamiento liderada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, quien ha promovido acciones legales contra más de una docena de medios con el objetivo de obligarlos a revelar sus fuentes.
Esta acción, según la SIP, “viola principios fundamentales del periodismo y derechos constitucionales e internacionales que protegen la confidencialidad de la información”.
El 26 de mayo, el medio digital militar publicó un artículo titulado “Sicarios de la Verdad”, con imágenes de reconocidos comunicadores como Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra (presidente del CPH) y Dagoberto Rodríguez (director de Radio Cadena Voces). La estigmatización escaló el 31 de julio, cuando en distintas calles de Tegucigalpa aparecieron pancartas con los rostros y nombres de nueve periodistas bajo mensajes como: “Sicarios de la verdad” y “armas de desinformación masiva”. Las acciones fueron atribuidas al autodenominado Movimiento Popular Hondureño.
El informe también lamenta el asesinato del periodista salvadoreño Javier Hércules Salinas, ocurrido el 1 de junio en el departamento de Copán. Salinas, quien trabajaba como taxista para subsistir, fue atacado por hombres armados en motocicleta. Ya contaba con medidas de protección desde 2023, luego de recibir amenazas y haber sido secuestrado previamente.
Durante el mismo periodo se documentaron varias detenciones arbitrarias de periodistas mientras cubrían protestas sociales, lo que refleja una escalada de intolerancia contra la libertad de expresión. Organizaciones defensoras de la prensa exhortaron al gobierno hondureño a eliminar la criminalización del periodismo, garantizar la protección del trabajo informativo digital y poner fin a las prácticas de vigilancia estatal.
La SIP concluyó que el respeto a la libertad de prensa es esencial para el fortalecimiento democrático, e instó a las autoridades a cumplir los compromisos adquiridos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la UNESCO, incluyendo el deber de investigar y sancionar con celeridad todas las agresiones contra comunicadores.
