El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras denegó la solicitud del Gobierno de Rusia para participar como observador internacional en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
La resolución fue adoptada por mayoría de votos (2-1): las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López votaron en contra, mientras que el consejero Marlon Ochoa, ligado al oficialista partido Libre, respaldó la petición.
El canciller hondureño, Javier Bu, había enviado al CNE una carta en la que informaba el interés de la Embajada de Rusia en acreditar una misión de observación. En el escrito, la Comisión Electoral Central de la Federación de Rusia manifestó su intención de “fortalecer la cooperación entre los órganos electorales centrales de ambos países” y pidió que se considerara su presencia durante los comicios.
La solicitud marcaba la primera vez que Moscú intentaba participar como observador electoral en Honduras, en un contexto internacional complejo por la guerra en Ucrania y las denuncias sobre la falta de transparencia y represión política en el sistema electoral ruso.
Diversos organismos internacionales, como Amnistía Internacional y Transparencia Internacional, han cuestionado la falta de garantías democráticas en Rusia. La permanencia de Vladimir Putin en el poder por más de 25 años y la persecución de figuras opositoras han sido señaladas como evidencia de un régimen autoritario.
En 2023, el activista Grigory Melkonyants fue condenado a cinco años de prisión tras denunciar irregularidades en las elecciones rusas, lo que intensificó las críticas globales sobre la inexistencia de elecciones libres en ese país.
En total, 29 solicitudes de observadores para las elecciones generales fueron aprobadas, según confirmó la consejera Ana Paola Hall.
Entre ellas el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) varios colegios profesionales, la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, Transparencia Electoral, la Embajada Británica en Ciudad de Guatemala, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Center for Economic and Policy Research (CEPR), la Central General de Trabajadores (CGT) y el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD)
La Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA) también anunciaron de julio el despliegue de misiones de observadores electorales para las elecciones en Honduras.
