El director interino del Sistema Penitenciario, Mario Pacay, confirmó que la institución ha actuado repetidamente para impedir que se concrete el traslado del reo considerado de alta peligrosidad. “Nosotros nos seguimos oponiendo al traslado del señor ‘Lobo’. Ellos resuelven y nosotros nos volvemos a oponer”, declaró Pacay durante una citación en el Congreso.
La solicitud de traslado fue ordenada por la jueza de Ejecución Penal, Lisbeth Batún Betancourt. Ella argumentó su decisión en informes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura. Además, contó con un dictamen médico del Inacif que señalaba riesgos para la salud del privado de libertad.
Pese a ello, las autoridades del Sistema Penitenciario insisten en que permitir el movimiento de “El Lobo” representaría un grave riesgo, recordando que de Fraijanes II se fugaron en el pasado 20 reos pertenecientes a la misma pandilla.
El entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien fue separado del cargo recientemente, también había rechazado de manera contundente la orden judicial. “No podemos permitir que sea trasladado. Por el nivel de peligro, es una amenaza a la población”, declaró a medios nacionales tras presentar una impugnación contra la resolución.
La defensa de Ochoa y otros líderes del Barrio 18 presentó ante la Corte de Constitucionalidad recursos para exigir traslados a centros con supuestas mejores condiciones de seguridad, además de peritajes psicológicos que demuestren los daños sufridos por el confinamiento en máxima seguridad.
Aldo Duppie Ochoa, alias “El Lobo”, fue trasladado a Renovación I el 31 de julio junto a otros nueve cabecillas de pandillas, en un operativo del Ministerio de Gobernación que contó con más de 800 agentes. Las autoridades aseguran que el endurecimiento del control penitenciario busca frenar la operación de las maras desde las cárceles. Este es un desafío constante para la seguridad nacional guatemalteca.
