El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo concedió asilo político al exfuncionario colombiano Carlos González Merchán, señalado de haber orquestado sobornos millonarios a congresistas en el mayor escándalo de corrupción que compromete al gobierno de Gustavo Petro.
La decisión se conoció apenas cinco días después de que el mandatario colombiano revelara que había solicitado la extradición de González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), requerido por la justicia de su país.
Argumento de “persecución política”
La cancillería nicaragüense confirmó el asilo mediante la Resolución Ministerial No. 001-2025, en la que invocó el principio de protección frente a delitos políticos o conexos con la política.
“Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero”, señaló el comunicado, añadiendo que “en ningún caso el extranjero puede ser devuelto a un país donde su vida o libertad esté en riesgo por sus opiniones políticas”.
Sin embargo, sobre González Merchán pesa una alerta roja de Interpol y la Fiscalía colombiana lo acusa de los delitos de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos.
La investigación sostiene que ordenó inflar un contrato de 46.800 millones de pesos (unos 11 millones de dólares) en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) para destinar parte de esos recursos al pago de sobornos.
Entre los beneficiarios figuran los expresidentes del Congreso Iván Name, opositor a Petro, y Andrés Calle, cercano al Gobierno.
Una parte del dinero desviado correspondía a la compra de 40 camiones cisterna para abastecer de agua a comunidades de La Guajira, una de las regiones más afectadas por la sequía en Colombia.
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Estancia previa en Nicaragua
El exfuncionario ya había fijado residencia en Nicaragua a finales de 2024, tras conocerse las primeras indagaciones en su contra.
Según denunció el periodista Daniel Coronell, González Merchán vivió durante meses en la casa de la Embajada de Colombia en Managua, en el barrio Las Colinas, lo que generó críticas sobre un posible apoyo oficial a su permanencia en el país.
El propio presidente Gustavo Petro se vio obligado a desmentir esas versiones, mientras que el entonces embajador en Managua, León Fredy Muñoz, reconoció haber “facilitado gestiones” cuando todavía no existía orden de captura contra el exfuncionario.
Con la concesión de asilo, González Merchán queda a salvo de cualquier extradición, pese a la orden internacional de captura.
Nicaragua, refugio de prófugos
El caso se suma a una larga lista de prófugos y exmandatarios latinoamericanos que han encontrado protección bajo el régimen sandinista.
Entre los más notorios figuran los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, condenados por corrupción en su país, quienes recibieron nacionalidad nicaragüense.
En 2008, Managua ofreció refugio a tres militantes de las FARC y desde hace tres décadas el italiano Alessio Casimirri, condenado por el secuestro y asesinato del ex primer ministro Aldo Moro en 1978, vive en Managua donde administra un restaurante de lujo.
Incluso en los años ochenta, Nicaragua fue escondite de figuras del narcotráfico como Pablo Escobar y Carlos Lehder, según relató este último en sus memorias.
La práctica de blindar a fugitivos mediante la entrega de nacionalidades también ha sido habitual. Un informe del medio nicaragüense Confidencial reveló en 2023 que Ortega y Murillo habían otorgado al menos 130 nacionalidades a políticos cercanos y prófugos de la justicia.
En este escenario, la protección a González Merchán se interpreta como un nuevo capítulo en la política del régimen Ortega-Murillo de ofrecer impunidad a fugitivos internacionales, mientras reprime y desnacionaliza a cientos de opositores dentro de su propio país.
