Los abogados de Kilmar Abrego García solicitaron este martes a una corte federal en Tennessee que se desestime el proceso penal por supuesto tráfico de personas, argumentando que el caso responde a una “persecución vengativa” motivada por su oposición a ser deportado a El Salvador.
La moción presentada sostiene que si bien los recursos por “acusación selectiva o vengativa” son raros y difícilmente prosperan, “si alguna vez existió un caso para aplicarlo, es este”.
Según la defensa, funcionarios del más alto nivel del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyendo miembros del gabinete, líderes del Departamento de Justicia y el propio mandatario, emprendieron una ofensiva pública sin precedentes contra Abrego García. “La intención vengativa es evidente en el expediente”, afirmaron.
Kilmar Abrego García se convirtió en símbolo de la polémica política migratoria del presidente Trump, luego de ser deportado en marzo a El Salvador, pese a estar amparado por una orden judicial que prohibía su expulsión. La decisión judicial, vigente desde 2019, reconocía el riesgo de violencia que enfrentaría en su país de origen, especialmente por presuntas amenazas de pandillas.
El gobierno argumentó que Abrego era miembro de la MS-13, aunque nunca fue acusado formalmente ni existen pruebas que respalden la afirmación. La administración Trump, presionada por fallos judiciales y una orden de la Corte Suprema, terminó devolviéndolo a Estados Unidos en junio, donde enfrenta cargos por tráfico humano, acusaciones que su defensa calificó de “absurdas”.
Caso se basa en parada vial de 2022
El cargo penal contra Abrego se originó tras una detención por exceso de velocidad en 2022, cuando transportaba a nueve personas en un vehículo en Tennessee. Aunque la policía sospechó un posible caso de tráfico de personas, en ese momento se le permitió continuar sin cargos.
Los abogados alegan que las autoridades reactivaron el caso únicamente para castigar a Abrego por haber demandado su retorno y evidenciar la ilegalidad de su deportación. “El objetivo del gobierno era cambiar la percepción pública sobre su caso y evitar la vergüenza de admitir su error”, expusieron en la moción.
Una jueza federal de Maryland prohibió el mes pasado que Abrego García sea entregado inmediatamente a autoridades migratorias si llega a quedar en libertad. El fallo obliga al gobierno a notificar con al menos tres días hábiles antes de iniciar cualquier intento de deportación.
La defensa pidió también que se celebre una audiencia para examinar si los motivos de la fiscalía están contaminados por fines políticos. Hasta el martes por la noche, el Departamento de Justicia no había emitido una respuesta oficial.
