Entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2025, la Procuraduría General de la Nación (PGN) atendió 2,414 denuncias relacionadas con niñas y adolescentes embarazadas, siendo los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Santa Rosa, Huehuetenango y Chiquimula los más afectados.
De acuerdo con la PGN, las denuncias provienen principalmente de servicios de salud públicos y privados, comadronas, autoridades locales y organizaciones civiles o religiosas. Cada caso recibe seguimiento por equipos multidisciplinarios que verifican las condiciones de las menores y en situaciones de riesgo o convivencia marital, se procede al rescate.
Si la víctima es menor de 14 años, el expediente se traslada al Ministerio Público (MP) y se brinda atención en clínicas especializadas en violencia sexual de hospitales públicos del territorio.
En 2024, la institución reportó 3,564 denuncias, con los mismos departamentos a la cabeza, aunque en ese año Zacapa reemplazó a Chiquimula en el listado.
Según la Secretaría Presidencial de la Mujer y el Congreso de la República, cada día unas 176 niñas y adolescentes se convierten en madres y un alto porcentaje corresponde a niñas menores de 14 años, lo que la ley considera violación.
El Registro Nacional de las Personas (Renap) contabilizó entre 2010 y 2024 a 14,696 partos de niñas menores de 15 años, lo que representa al menos 17 casos de pederastia al día según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Las zonas rurales son las más afectadas
Sin embargo, las cifras de la justicia son mínimas: entre enero de 2018 y septiembre de 2023 se emitieron apenas 136 autos de procesamiento y 102 condenas por estos delitos. Organismos como Human Rights Watch denuncian que la falta de apoyo escolar, el estigma y la presión familiar impulsan la deserción educativa de estas menores especialmente en zonas rurales.
A la gravedad de la situación se suma el acceso restringido a aborto, que en Guatemala solo es legal cuando la vida de la madre está en peligro y bajo certificación médica. Esto limita la atención oportuna para niñas con embarazos de alto riesgo.
Unicef advierte que los programas sociales para madres menores de 14 años tienen barreras burocráticas, requisitos restrictivos y presupuestos reducidos, lo que impide que lleguen a quienes más lo necesitan. En 2024, de 1,953 niñas menores de 15 años que dieron a luz, solo 129 recibieron este apoyo.
El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) y organizaciones de derechos humanos señalan la falta de programas de prevención y atención especializada para agresores. También critican que las víctimas sean enviadas de una institución a otra sin protocolos claros, lo que genera revictimización y retrasos en la protección.
Según Unicef, 7 de cada 10 agresores son familiares o conocidos cercanos a la víctima. La PGN recuerda que cualquier persona puede denunciar de forma confidencial en sus delegaciones a nivel nacional, llamando al número 1584 o utilizar el portal oficial www.pgn.gob.gt.
Especialistas en infancia insisten en que romper el silencio y garantizar la atención integral son pasos urgentes para enfrentar esta crisis que sigue marcando a miles de niñas en Guatemala.
