La muerte de Miguel Uribe Turbay, ocurrida el 11 de agosto de 2025, se suma a la lista de episodios que han marcado la historia política colombiana con la tragedia de un líder silenciado antes de tiempo. Apenas dos meses antes, el 7 de junio, el senador y precandidato presidencial había sobrevivido a un atentado en Bogotá. Este suceso evocó, inevitablemente, el asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay, en 1991, durante un fallido operativo de rescate tras su secuestro, ordenado por el narcotraficante Pablo Escobar.
En diversas entrevistas, Uribe relató que perdonar a los responsables de la muerte de su madre fue su manera de romper el ciclo de venganza que tanto daño ha causado al país. Al igual que otros líderes de su generación que, desde orillas ideológicas distintas, enfrentaron tragedias familiares similares, Uribe optó por participar en la vida pública colombiana. Para ellos, la política no fue un vehículo de revancha, sino una apuesta por preservar el debate y la pluralidad que sostienen al Estado.
La continuidad de una historia inconclusa
La política colombiana ha visto cómo líderes que hacían vislumbrar un cambio fueron abatidos en momentos decisivos. Jorge Eliécer Gaitán en 1948; Luis Carlos Galán en 1989; Carlos Pizarro en 1990; y los dirigentes del partido Unión Patriótica, víctimas de un exterminio político que la Corte Interamericana calificó como sistemático.
Uribe Turbay es un símbolo que trasciende su trayectoria individual; hoy nos recuerda que ni en Colombia ni en ningún otro Estado puede utilizarse la eliminación del adversario como método político. Su vida reflejó la idea de que la oposición implica disentir, debatir y confrontar con argumentos. En ese sentido, su presencia –y ahora su ausencia– interpelan a un país que solo puede sostener su democracia si el disenso se preserva como derecho y no se convierte en una sentencia de silencio.
Estado, soberanía y democracia bajo presión
La desaparición de un líder plantea algunas preguntas: ¿puede el Estado cumplir su deber de garantizar la vida y la participación política sin temor? El Estado, definido por su territorio, población y poder soberano, pierde legitimidad cuando uno de esos pilares –la seguridad– se quiebra.
El politólogo italiano Giovanni Sartori advertía que la democracia no se sostiene solo en elecciones periódicas, sino en un ecosistema de libertades y garantías que permiten que la oposición exista sin amenazas. Por su parte, el estadounidense Robert Dahl hablaba del “gobierno de muchos” y subrayó que el pluralismo político es un requisito para cualquier poliarquía funcional.
La muerte de Uribe Turbay no es únicamente una tragedia personal o partidista; es un golpe a estos ideales.
Este asesinato pone en cuestión la soberanía colombiana. Esto es, la autoridad suprema del Estado sobre su territorio y su población. Cuando actores armados, redes criminales o ideologías intolerantes logran restringir la acción política, la soberanía se convierte en un concepto incompleto. Y aquí emerge el riesgo de los nacionalismos exacerbados y la tentación de cohesionar al pueblo excluyendo a quienes piensan distinto, debilitando así el concepto de nación como comunidad plural.
Nacionalismo y el riesgo del enemigo interno
La historia latinoamericana ofrece lecciones claras. El nacionalismo ha sido fuerza liberadora en procesos de independencia, pero también una herramienta para justificar persecuciones políticas. La literatura regional lo ha mostrado con precisión. Mario Vargas Llosa –escritor, ensayista, político– ya advirtió contra los proyectos que, en nombre de la nación, sofocan la diversidad.
En Colombia, la desaparición de un opositor abre un vacío que, si no se maneja con compromiso democrático, puede llenarse con discursos que buscan unidad a través del miedo. Ese es el punto en el que la nación corre el riesgo de convertirse en un relato excluyente, donde la discrepancia se interpreta como traición.
Memoria y advertencia
La vida y la muerte de Miguel Uribe Turbay dialogan con la advertencia final de Cien años de soledad: Macondo no se desvaneció por falta de historia, sino por exceso de olvido. Gabriel García Márquez, que narró en Noticia de un secuestro el drama de la familia Turbay, entendía que la memoria no es solo recordar hechos, sino también impedir que se repitan.
En la política colombiana, olvidar un asesinato político es permitir que la historia vuelva a escribirse con las mismas armas. Uribe hizo de su trayectoria una apuesta por la vía institucional, incluso después de que la violencia tocase de lleno a su familia. La nación no debería dejar que se pierda esa parte de su legado.
Un compromiso que trasciende ideologías
Más allá de sus posturas políticas –algunas controvertidas para sus críticos, emblemáticas para sus partidarios–, Uribe representaba una pieza del pluralismo que la Constitución de Colombia de 1991 buscó garantizar. Sin voces divergentes, la democracia se empobrece y la ciudadanía pierde su derecho a un debate amplio y real.
Su ausencia es, por tanto, una pérdida para el conjunto de la nación, no solo para un sector político. Como señalaba el politólogo y filósofo Isaiah Berlin, la libertad requiere no solo de leyes e instituciones: también necesita un espíritu público que la defienda incluso frente a sus excesos. La tarea de preservar ese espíritu no corresponde únicamente al Estado, sino también a la sociedad civil, que debe rechazar cualquier intento de normalizar lo inaceptable.
Colombia, que ha sobrevivido a guerras, magnicidios y pactos incumplidos, enfrenta una vez más el reto de decidir si su historia será repetición o transformación. En pocas semanas será clave que todos los actores democráticos estén a la altura.
Las elecciones al Congreso serán el 8 de marzo de 2026, mientras que las presidenciales tendrán lugar el 31 de mayo siguiente. Este período que comienza ahora necesita de actores conscientes de su responsabilidad. Defender la democracia no es esperar resultados, sino comprometerse con cada voto, debate y participación ciudadana consciente.
Sergio Andrés Morales-Barreto, Coordinador académico y profesor del Departamento de Teoría Jurídica y de la Constitución de la Facultad de Estudios jurídicos, políticos e internacionales, Universidad de La Sabana
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
