La diputada Claudia Ortiz, del opositor partido Vamos, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma que permite la reelección presidencial indefinida en El Salvador.
La demanda fue interpuesta ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ortiz argumentó que la medida viola el principio de alternancia en el poder, establecido en la Constitución.
El 31 de julio, la Asamblea Legislativa aprobó en trámite exprés una reforma que habilita la reelección indefinida, extiende el mandato presidencial de 5 a 6 años y elimina la segunda vuelta electoral. La mayoría oficialista en el Congreso impulsó la iniciativa, que también sincroniza elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
Ortiz afirmó que su recurso busca impugnar específicamente la reelección indefinida. “Esta modificación atenta contra uno de los pilares más importantes de nuestra democracia”, declaró a medios locales.
“Nuestra Constitución manda que cuando el orden constitucional se rompe, el pueblo puede hacer uso de sus derechos. Uno de ellos es la insurrección y una forma de insurrección es así, contestar con los recursos legales necesarios, como este, para que se restablezca el orden… pic.twitter.com/qe9aGelWjZ
— Diario Co Latino (@DiarioCoLatino) August 8, 2025
Reacción internacional
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la reforma representa un serio retroceso para la democracia y el Estado de derecho. El organismo, con sede en Washington, pidió reconsiderar la medida y alertó sobre el riesgo de concentrar el poder en una sola persona por tiempo prolongado.
Organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país han calificado la reforma como un “golpe” y un “tiro de gracia” a la institucionalidad democrática.
Sin embargo, Estados Unidos le dio un espaldarazo a la decisión, un apoyo importante y fundamental para las pretensiones oficialistas salvadoreñas.
Antecedentes
En 2024, la reelección de Nayib Bukele ya había generado cuestionamientos. Aunque estaba prohibida constitucionalmente, un fallo de magistrados afines al oficialismo autorizó su participación en los comicios de ese año.
Bukele, en el poder desde 2019, mantiene altos índices de popularidad por su política de seguridad contra las pandillas, que ha reducido la violencia a mínimos históricos. Sin embargo, esta estrategia se sostiene en un régimen de excepción criticado por limitar derechos y garantías constitucionales.
La Sala de lo Constitucional evaluará si la demanda de Ortiz cumple los requisitos legales para ser admitida. De aceptarse, iniciará un proceso de análisis que podría definir el futuro de la reelección presidencial en El Salvador.
