La organización Washington Office on Latin America (WOLA) advirtió en un nuevo informe sobre la alarmante expansión del sistema de detención migratoria en Estados Unidos, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que ha superado ampliamente los límites presupuestarios del Congreso.
Según un informe de WOLA, desde el 1 de enero de 2025, al menos 10 personas han muerto en custodia de ICE. Existen reportes de migrantes que duermen en el suelo, no se bañan durante días, reciben apenas una comida diaria, y compiten por agua potable. Uno de los casos más graves es el de “José”, un migrante guatemalteco recluido en el centro privado Otay Mesa, en San Diego, quien pierde sangre a diario y teme padecer cáncer de colon, según reportó la periodista Kate Morrissey.
La situación empeora debido al desmantelamiento de los organismos de control interno. Según CNN, el gobierno despidió a casi todo el personal de la Oficina de Derechos Civiles del DHS y de la Defensoría de Detención de Inmigración, dejando cientos de denuncias sin resolver, entre ellas por negligencia médica y deportaciones ilegales.
Aunque el Congreso estadounidense aprobó fondos para mantener a 41,500 personas detenidas por ICE, la cifra real ha llegado a más de 58,000 migrantes, según datos internos de la agencia. De ese total, el 32 % no tiene antecedentes penales ni enfrenta cargos criminales, lo que representa un fuerte aumento respecto al 6 % reportado en enero, según el analista Austin Kocher, de la Universidad de Syracuse.
Florida: inauguración del centro “Alligator Alcatraz”
El estado de Florida, con apoyo del Comando Sur y de ICE, ha habilitado un nuevo centro de detención apodado “Alligator Alcatraz”, en una antigua pista aérea en los Everglades, a unos 80 km de Miami. La instalación, que podría albergar entre 3,000 y 5,000 personas, comenzó a operar el 3 de julio, tras una visita del presidente Trump el día anterior.
Según documentos filtrados, el costo operativo ha subido de $450 a $600 millones al año, es decir, entre $329 y $548 por persona por noche, mientras que el promedio nacional de ICE es de $187.48 diarios. Parte del gasto será cubierto por fondos de la FEMA y un paquete especial de $3,500 millones aprobado el 4 de julio para operaciones estatales de control migratorio.
Medios como el Miami Herald, NBC News y Forbes han reportado condiciones deplorables: inodoros sin agua, cortes eléctricos, escasez de comida, incluso casos donde la comida contenía gusanos. Migrantes afirman que no han podido ducharse en días ni acceder a medicamentos, mientras que abogados denuncian que no se les permite contactar a sus clientes.
La escritora Andrea Pitzer, experta en historia de campos de concentración, aseguró que el centro en Florida “cumple con el modelo clásico” de esas instalaciones.
Militarización y cierre de espacios judiciales
La administración Trump también ha desplegado 200 marines en apoyo logístico a ICE en Florida y propone que jueces militares (JAGs) asuman los casos migratorios, una acción que expertos consideran ilegal bajo la Ley Posse Comitatus, que impide que los militares ejerzan funciones civiles de ley.
Mientras tanto, el número de jueces de inmigración ha caído a 701, frente a 734 en 2023, mientras la carga de casos supera los 3.9 millones. Abogados acusan al gobierno de realizar una “purga política” para acelerar las deportaciones.
Guatemala, uno de los principales destinos de los vuelos de deportación, confirmó un aumento de cinco a 14 vuelos semanales, según reveló el jefe de migración de ese país al Washington Post.
