El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, condenó este lunes enérgicamente el asesinato del exiliado nicaragüense y mayor en retiro Roberto Samcam, ocurrido el pasado 19 de junio en su residencia en San José, Costa Rica.
El grupo, a la vez, instó a las autoridades a esclarecer los hechos y garantizar la protección de los opositores nicaragüenses fuera del país.
“Condenamos el asesinato de Roberto Samcam en los términos más enérgicos y acogemos con beneplácito la rápida acción de Costa Rica, que, confiamos, expondrá las motivaciones detrás de este terrible acto y traerá justicia a su familia”, declaró Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos.
El crimen de Samcam, reconocido analista político y crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ocurrió cuando un hombre armado ingresó a su condominio en Moravia, San José, con el pretexto de entregar un paquete y le disparó en al menos ocho ocasiones.
Según la investigación preliminar, el atacante huyó del lugar sin ser detenido.
Los expertos de Naciones Unidas advirtieron que el asesinato podría formar parte de una estrategia más amplia de represión transnacional impulsada por el régimen nicaragüense, la cual ya había sido documentada por el GHREN en su más reciente informe presentado en febrero pasado.
«Hemos documentado que las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses por parte del Gobierno no se detienen en la frontera», señaló Ariela Peralta, integrante del Grupo.
“Las tácticas para controlar y silenciar a los disidentes en el extranjero incluyen amenazas, presión financiera, prohibiciones de entrada, denegación de servicios consulares y pasaportes, privación arbitraria de la nacionalidad, hostigamiento, vigilancia y coacción a través de familiares”, detalló.
El GHREN expresó su preocupación por la posible conexión del crimen de Samcam con este patrón represivo, y destacó otros casos recientes que podrían estar vinculados a esta misma lógica.
Entre ellos, mencionaron los dos atentados que sufrió en Costa Rica el opositor nicaragüense Joao Maldonado —en 2021 y 2024— y la muerte aún no esclarecida del activista Rodolfo Rojas Cordero en Honduras en 2022.
“Ningún lugar del mundo parece ser seguro para los nicaragüenses que se oponen al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, advirtió el jurista Reed Brody, también miembro del GHREN.
“Los países de acogida deben intensificar la protección de los nicaragüenses que viven en su territorio”, añadió.
El Grupo de Expertos expresó su disposición para colaborar con los Estados receptores, a fin de diseñar mecanismos de protección adecuados que salvaguarden la vida y derechos de los nicaragüenses exiliados.
“Los Estados deben rendir cuentas por cometer violaciones transfronterizas de los derechos humanos”, concluyó Simon.
Roberto Samcam se exilió en Costa Rica en 2018, tras denunciar la implicación del Ejército de Nicaragua en la represión contra las protestas sociales iniciadas en abril de ese año.
En 2023, el régimen de Ortega y Murillo lo despojó arbitrariamente de su nacionalidad, como parte de una ofensiva jurídica que ha afectado a más de 450 personas críticas a la dictadura de los Ortega Murillo.
Posteriormente, Samcam recibió la nacionalidad española.
Las autoridades judiciales de Costa Rica han iniciado una investigación para esclarecer el crimen, mientras diversos actores internacionales —entre ellos organizaciones de derechos humanos y exmandatarios iberoamericanos del Grupo IDEA— han solicitado una investigación imparcial, con énfasis en un posible móvil político detrás del asesinato.
