La Unión Europea impuso este jueves nuevas sanciones contra una fundación y tres individuos en Guatemala, acusados de socavar la democracia y el Estado de Derecho, en el marco de los ataques contra el gobierno del presidente Bernardo Arévalo.
Entre los sancionados figuran la Fundación contra el Terrorismo (FCT), su presidente Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés, su abogado Raúl Amílcar Falla Ovalle y el juez penal Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, quienes han sido señalados por la persecución judicial e intimidación contra periodistas, abogados, fiscales y jueces independientes.
“Nos preocupa profundamente la persistente instrumentalización del sistema judicial en Guatemala y los ataques constantes contra el gobierno democráticamente elegido”, señaló el Consejo de la Unión Europea en un comunicado.
Las sanciones también buscan frenar el uso indebido de medidas legales contra funcionarios, defensores de derechos humanos, líderes indígenas y operadores judiciales.
Las medidas restrictivas incluyen congelación de activos, prohibición de hacer transacciones con ciudadanos o empresas europeas, y veto de ingreso a territorio de la UE para los sancionados. En total, el listado europeo suma ahora ocho personas y una entidad bajo este régimen de sanciones.
El caso que motivó las medidas se enmarca en la manipulación de la justicia para perseguir a funcionarios vinculados al presidente Arévalo y a miembros de la sociedad civil que han apoyado la transición democrática tras las elecciones de 2023.
En abril pasado, la Fiscalía guatemalteca ordenó la detención del viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas, el líder indígena, Luis Pacheco, bajo cargos de “terrorismo” y “asociación ilícita”, tras su presunta participación en protestas que defendieron la victoria de Arévalo frente a intentos de impugnación judicial.
Desde su toma de posesión, Arévalo ha enfrentado un constante enfrentamiento con el Ministerio Público, situación que ha sido señalada por organismos internacionales, incluyendo Naciones Unidas, como una grave amenaza a la institucionalidad democrática en el país.
La Unión Europea subrayó que estas sanciones son selectivas y no están dirigidas contra el pueblo guatemalteco ni su economía.
“Nuestro compromiso con la democracia en Guatemala es firme. Seguiremos trabajando con el gobierno y todos los sectores de la sociedad para promover una agenda nacional positiva e inclusiva”, concluyó el comunicado.
