La reciente propuesta de reforma constitucional enviada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la Asamblea Nacional de Nicaragua ha generado una ola de preocupación internacional por su posible intención de extender la represión política más allá de las fronteras del país.
La iniciativa, que busca modificar los artículos 23 y 25 de la Constitución Política, permitiría despojar de la nacionalidad nicaragüense a quienes adquieran otra ciudadanía y podría abrir la puerta a medidas represivas contra migrantes en el exilio, según denunció el exfuncionario judicial y abogado en el exilio, Yader Morazán.
“La dictadura pretende aplicar una jurisdicción extraterritorial para seguir controlando, sancionando y castigando a quienes huyeron de Nicaragua por represión o pobreza”.
“Esto representa un riesgo gravísimo para cerca de un millón de nicaragüenses que hoy viven fuera del país”, alertó Morazán.
¡Clase Robo-Ilusión la de Nicaragua! Inician una reforma constitucional en la que básicamente te dicen: “Si eres nica y tienes otra nacionalidad, ¡te quitamos la nacionalidad de origen!” Pero nos quedamos con tus remesas, equivalentes a: $4,240 millones en 2024, 25% del PIB,…
— Yader Morazán ⚖️ 🇳🇮 (@YaderMorazan) May 17, 2025
La noticia ha sido retomada por medios internacionales en América Latina y Europa, y ha provocado un intenso debate en redes sociales y plataformas de defensa de derechos humanos, al considerar que la propuesta podría violar el principio de soberanía de otros Estados y tratados internacionales como la Carta de las Naciones Unidas.
“El derecho internacional establece que ningún Estado puede imponer su autoridad fuera de sus fronteras sin el consentimiento del país anfitrión. Si Ortega y Murillo intentan sancionar, vigilar o incluso solicitar extradiciones desde el extranjero, estarían incurriendo en actos de injerencia y provocando posibles conflictos diplomáticos”, explicó el abogado.
Morazán recordó que, aunque la iniciativa aún debe ser aprobada y su aplicación específica está por verse, se trata de una señal alarmante del carácter autoritario del régimen nicaragüense: “Aún no debemos alarmarnos, pero con una dictadura vulgar como esta, todo es posible”
“Hay que estar atentos a la letra pequeña de la ley y al momento en que sea efectiva para emitir una opinión técnica definitiva”.
Desde abril de 2018, Nicaragua ha experimentado una masiva ola migratoria a raíz de la represión estatal, con más de 940 mil personas saliendo del país.
La comunidad exiliada ha sido blanco de políticas de destierro, cancelación de nacionalidad y +vigilancia transnacional, según informes de organismos como la CIDH y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU.
La reforma constitucional propuesta por Ortega podría consolidar legalmente una forma de represión transnacional, una figura denunciada por expertos internacionales como una violación a los derechos humanos y al orden jurídico global.
