La dictadura de Daniel Ortega y Ortega Murillo en Nicaragua mantiene el destierro y las restricciones migratorias como política represiva no solo contra opositores, sino también contra simpatizantes y funcionarios que escapan de su control, advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su informe anual presentado el 9 de mayo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH documentó que entre junio de 2023 y junio de 2024 se registraron 62 casos de nicaragüenses a quienes se negó el regreso al país, incluyendo a simpatizantes y funcionarios del régimen que salieron sin autorización oficial.
“Estas medidas afectarían tanto a opositores políticos como a simpatizantes del gobierno y funcionarios, imponiendo un clima de control total”, denunció la CIDH, que alertó que estas prácticas podrían constituir crímenes de deportación y persecución, considerados crímenes de lesa humanidad.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también registró 62 casos adicionales de restricciones relacionadas con la retención o no emisión de pasaportes, afectando a 33 mujeres y 29 hombres, provocando situaciones cercanas a la apatridia.
La CIDH destacó además la “muerte civil” o “inexistencia legal” aplicada contra al menos 450 personas, lo cual incluye eliminación de registros civiles, expedientes académicos, confiscaciones y cancelación de pensiones.
Esta práctica también afecta gravemente a menores de edad que, ante la inexistencia legal de sus progenitores, quedan jurídicamente sin padres.
La crisis de derechos humanos en Nicaragua inició en abril de 2018 tras protestas masivas contra reformas al sistema de seguridad social, que derivaron en una brutal represión por parte del régimen Ortega Murillo.
Desde entonces, expertos independientes de la ONU han denunciado la comisión de crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y destierros.
Además, el informe señaló la persistencia de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, condiciones inhumanas de detención, tortura, persecución religiosa, y restricciones al espacio cívico, tanto físico como digital.
También mencionó el desacato constante del régimen a las recomendaciones emitidas por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
La Comisión alertó sobre nuevas acciones destinadas a consolidar el poder en manos de la familia gobernante Ortega Murillo, incluyendo despidos masivos en el sector público y una restructuración del poder judicial para instalar personas afines a la vicepresidenta y portavoz oficial del régimen, Rosario Murillo.
Ante esta situación, la CIDH instó a otros Estados a ofrecer residencias temporales por razones humanitarias y a emitir documentos especiales de viaje a las personas que no puedan regresar a Nicaragua ni obtener documentos válidos de parte del régimen.
Nicaragua permanece incluida en el Capítulo IV.B del informe anual de la CIDH desde 2018, debido a violaciones sistemáticas y graves de derechos humanos, represión, desapariciones forzadas, torturas y la reciente imposición de una “Constitución” que profundiza el control totalitario del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
