La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo reformó el sistema de evaluación ambiental de Nicaragua para eliminar las consultas públicas obligatorias en los proyectos de extracción y manejo de recursos naturales, según denunció el ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río.
La medida fue oficializada el pasado 7 de mayo con una nueva modificación al Decreto No. 20-2017, y ha generado preocupación por el creciente secretismo en torno a concesiones mineras y forestales, muchas de las cuales benefician a empresas chinas.
“El régimen #OrtegaMurillo reformó el sistema de evaluación ambiental del país y eliminó las consultas públicas. O sea, otorgarán permisos sin que la gente sepa y así saquearán nuestros bienes naturales. Además, los registros de esas autorizaciones no serán públicos”, advirtió Ruiz en sus redes sociales.
La reforma elimina específicamente el mecanismo de consulta ciudadana en los proyectos clasificados como Categoría II, que incluyen actividades de alto impacto potencial como explotación minera, manejo forestal, represas y actividades industriales en zonas rurales.
Hasta antes de esta reforma, esos proyectos requerían no solo estudios de impacto ambiental, sino también audiencias con comunidades potencialmente afectadas, según lo estipulado en el mismo decreto en su versión original de 2017.
El nuevo decreto se suma a una ofensiva legal impulsada por el oficialismo para facilitar el acceso de capitales afines al régimen a los bienes naturales del país.
En abril, la Fundación del Río ya había alertado sobre una propuesta de reforma a la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que permitiría la explotación de recursos en áreas protegidas, lo que antes estaba expresamente prohibido.
La iniciativa, titulada “Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible”, contempla modificar el artículo 116 para permitir el “aprovechamiento racional” de recursos geotérmicos, minerales, hidrocarburos e incluso la cacería y pesca en áreas protegidas, todo bajo el pretexto de “defender los derechos de las familias nicaragüenses” y promover el “crecimiento económico”.
Amaru Ruiz denunció que esta legislación, impulsada por la bancada sandinista en la Asamblea Nacional, busca reducir la superficie de las áreas protegidas para crear zonas de “desarrollo sostenible”, lo que en la práctica abriría la puerta a más concesiones de minería metálica, deforestación y acuicultura industrial, en favor de aliados económicos de la dictadura.
“El objetivo es legalizar el saqueo de nuestros recursos naturales en beneficio de empresas allegadas al régimen y en particular a capitales chinos, con quienes Ortega mantiene acuerdos opacos”, advirtió Ruiz.
El ambientalista subrayó que el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena), que antes solo tenía funciones administrativas y técnicas, ahora concentrará la autoridad para delimitar las áreas protegidas, autorizar explotaciones, y —al mismo tiempo— juzgar los delitos ambientales, lo que lo convierte en “juez y parte”.
Concesiones silenciosas y sin control ciudadano
Desde 2023, diversas organizaciones ambientales han denunciado un incremento acelerado de concesiones mineras en territorios indígenas y reservas naturales, muchas de ellas sin consulta ni información pública.
En particular, la Fundación del Río y otros colectivos han documentado la entrega de miles de hectáreas en la Región Autónoma del Caribe Sur y en el norte del país a empresas de origen chino para explotación aurífera y proyectos agroindustriales.
Ruiz recordó que los reglamentos anteriores, como el Decreto 45/94 y el 76/2006, establecían criterios técnicos rigurosos, y fueron desmontados progresivamente por el orteguismo desde su retorno al poder en 2007. “Ahora ya no hay forma legal para oponerse desde las comunidades o el movimiento ambientalista a proyectos destructivos”, lamentó.
La eliminación de las consultas públicas y la opacidad de los nuevos procesos de evaluación ambiental representan, según expertos, una violación directa de convenios internacionales firmados por Nicaragua, como el Acuerdo de Escazú, del cual el régimen se ha desligado en la práctica.
