La dictadura de Nicaragua continúa premiando a sus instituciones represivas con propiedades privadas confiscadas, al inaugurar este viernes un centro recreativo y de formación turística en terrenos decomisados en el kilómetro 11 de la Carretera a Masaya.
El nuevo “Centro Recreativo Nicaragüita” fue entregado al Ministerio del Interior y la Policía Nacional, 2 de los principales brazos operativos del régimen de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.
El complejo, que cuenta con piscinas, canchas deportivas, restaurantes y aulas de capacitación técnica, fue presentado como un espacio “para el esparcimiento y formación” de policías, bomberos, funcionarios migratorios y del sistema penitenciario.
“Esta es una oportunidad histórica de capacitarse en servicios turísticos”, dijo la directora del Tecnológico Nacional (Inatec), Loyda Barreda, quien confirmó que el centro está diseñado prioritariamente para los trabajadores del aparato represivo estatal.
La inauguración estuvo encabezada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, el jefe de la Policía, Francisco Díaz —consuegro de Ortega—, y otros altos funcionarios, quienes agradecieron a la pareja presidencial “por siempre pensar en las familias del Ministerio del Interior”.
La entrega de este centro ocurre en el contexto de una serie de confiscaciones ilegales que el régimen ha ejecutado desde 2018 contra decenas de propiedades privadas, incluidas universidades, medios de comunicación y organismos civiles.
Uno de los casos más emblemáticos fue la ocupación forzosa de la sede de Casa España, en 2022, hoy convertida en centro recreativo.
Casa España, ubicada en las afueras de Managua, era una reconocida institución cultural y social fundada por la comunidad española residente en Nicaragua.
Durante décadas funcionó como un espacio de encuentro, celebración y servicios recreativos para cientos de familias, con vínculos históricos con la colectividad hispana en el país.
A mediados de 2022, sin aviso previo ni proceso legal transparente, el lugar fue tomado por la Policía y sus bienes quedaron bajo control estatal.
Pese a las protestas de la comunidad española y reclamos diplomáticos, el régimen nunca devolvió la propiedad ni ofreció compensación.
Por el contrario, la finca y sus instalaciones fueron remodeladas y destinadas, primero, como centro de “capacitación para policías”, y ahora como sede del nuevo centro recreativo.
Desde entonces, diversas propiedades han sido convertidas en sedes de ministerios, escuelas estatales y centros de formación, bajo la narrativa oficial de “restitución de derechos”, aunque organismos internacionales denuncian que se trata de una estrategia sistemática de castigo contra quienes no se alinean con el Frente Sandinista.
El acto del viernes fue acompañado de presentaciones culturales y discursos que exaltaron el papel de la Policía y del Ministerio del Interior como garantes de la “paz y seguridad”.
Sin embargo, tanto la Policía como el sistema penitenciario han sido señalados por la ONU, la OEA y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) como responsables de crímenes de lesa humanidad, incluidas ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias.
El régimen de Ortega-Murillo, que ha suprimido toda forma de oposición política, continúa redistribuyendo activos confiscados como forma de consolidar lealtades y reforzar la estructura de control estatal, en abierta violación a la Constitución, los tratados internacionales y el derecho de propiedad.
