Las autoridades migratorias de Estados Unidos deportarán a Javier Zeledón Reyes, un ciudadano nicaragüense de 56 años, quien admitió haber participado en la ejecución de aproximadamente 20 personas durante la década de 1990 mientras servía en el Ejército Sandinista.
El arresto de Zeledón fue efectuado el pasado 6 de marzo en Hyattsville, Maryland, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), luego de que este hiciera la confesión durante un procedimiento migratorio.
“Este arresto pone de relieve exactamente por qué el ICE es vital para la seguridad de nuestra nación”, afirmó Matthew Elliston, director interino de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación del ICE en Baltimore.
Según el funcionario, Zeledón no solo reconoció haber cometido asesinatos en Nicaragua, sino que también admitió haber colaborado con un cartel de drogas en México.
Confesión ante juez de inmigración
El migrante nicaragüense fue detenido inicialmente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el Puente Internacional Gateway, en Brownsville, Texas, el 29 de marzo de 2023.
En esa ocasión, las autoridades le permitieron seguir en libertad mientras comparecía ante un juez de inmigración.
Durante la audiencia, Zeledón aseguró haber servido en el Ejército nicaragüense entre 1995 y 1996 y disparado un rifle AK-47 contra una multitud de civiles, matando a unas 20 personas.
También reconoció que, tras abandonar Nicaragua, se trasladó a México, donde brindó apoyo logístico a un cartel de drogas.
El juez de inmigración ordenó su deportación inmediata a Nicaragua.
Hasta que se concrete su expulsión, Zeledón permanece bajo custodia del ICE.
Repercusiones y preguntas sin respuesta
El caso de Zeledón genera interrogantes sobre su historial militar y su posible vinculación con crímenes de guerra o violaciones a los derechos humanos durante el periodo posterior al conflicto armado en Nicaragua.
Hasta el momento, el Ejército Sandinista no ha emitido comentarios sobre la confesión del detenido ni sobre su supuesta participación en ejecuciones masivas.
Además, su colaboración con un cartel de drogas en México añade un elemento de preocupación sobre la interconexión entre exmilitares centroamericanos y organizaciones criminales en la región.
Las autoridades estadounidenses reiteraron su compromiso de deportar a individuos considerados una amenaza para la seguridad pública y aseguraron que continuarán con los esfuerzos para identificar y remover a criminales peligrosos de sus comunidades.
