El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su creciente preocupación por el uso indebido del derecho penal en Guatemala, señalando que existen motivaciones políticas detrás de varios procesos judiciales en el país.
En un informe reciente presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Türk denunció la manipulación de la justicia y acusó tanto al Ministerio Público como al Organismo Judicial de actuar en perjuicio de los defensores de derechos humanos y los operadores de justicia.
Según el informe, este abuso de las normas penales se ha convertido en una herramienta para la persecución política, con un enfoque particular sobre funcionarios del gobierno actual y miembros del Tribunal Supremo Electoral, en lo que muchos analistas interpretan como un intento por desacreditar los resultados de las elecciones de 2023.
“Estas acciones están claramente dirigidas por motivaciones políticas”, manifestó Türk.
🌐🗣️@volker_turk destaca la persecución penal en #Guatemala, donde actores del MP y el Organismo Judicial actúan contra defensores de derechos humanos, acusados de “motivaciones políticas”. 🏛️⚠️ #Justicia #DerechosHumanos pic.twitter.com/TUvbpGSsPW
— Ricigt (@Ricigt1) March 3, 2025
Sistema judicial cooptado
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) coincide con las observaciones de la ONU. Alejandro Rodríguez, experto en el área, destacó la grave situación que enfrenta el sistema de justicia guatemalteco, al señalar que el Ministerio Público ha sido cooptado, manipulando las investigaciones y dejando de actuar de manera independiente. Según Rodríguez, la falta de imparcialidad y la criminalización de la oposición y los defensores de derechos humanos evidencian que el Estado de derecho se está utilizando como un instrumento de control político.
En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha colocado a Guatemala en el capítulo IV.B durante tres años consecutivos, un indicativo de que las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales persisten. Rodríguez también advirtió sobre la situación de los más de 27 operadores de justicia que se encuentran en el exilio debido a la persecución judicial, lo que demuestra la falta de garantías judiciales y la ausencia de jueces imparciales.
La Crítica del arzobispado: Abuso de la justicia para venganza política
Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, también expresó su preocupación por la situación. Rodenas compartió el diagnóstico del Alto Comisionado de la ONU, subrayando que el abuso del sistema judicial no solo afecta a las víctimas de persecución política, sino que también está siendo utilizado como un mecanismo de venganza contra aquellos que luchan por la honestidad y la transparencia en el país.
El director del ODAHG señaló que, bajo el actual sistema, las personas que defienden la justicia y la democracia están siendo criminalizadas, lo que agrava la crisis institucional en el país.
Retrocesos en la justicia
Volker Türk también destacó los preocupantes retrocesos en el acceso a la justicia en Guatemala, señalando que algunos de estos episodios son comparables con las violaciones ocurridas durante el conflicto armado interno. Entre las prácticas denunciadas se incluyen la anulación de procesos judiciales y las demoras injustificadas, que han privado a las víctimas de sus derechos.
El comisionado insistió en la necesidad de avanzar en la justicia transicional y propuso la implementación de un plan nacional de dignificación y reparación, así como un plan para la búsqueda de personas desaparecidas, con el fin de abordar los agravios históricos y restaurar la confianza en el sistema judicial.
Renovación de acuerdo y diálogo positivo
A pesar de los aspectos negativos del informe, Türk también mencionó algunos avances, como la renovación del acuerdo que permitirá que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos siga operando en Guatemala por tres años más. Además, destacó los esfuerzos de diálogo entre el Organismo Ejecutivo y las autoridades indígenas y afrodescendientes, sugiriendo que estos espacios de comunicación deben institucionalizarse para garantizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
Casos emblemáticos
La situación de varios exfuncionarios y defensores de derechos humanos refleja el contexto de persecución judicial descrito en el informe de la ONU. Entre los casos más emblemáticos se encuentra el de José Rubén Zamora, exdirector de elPeriódico, quien fue detenido en julio de 2022 y enfrenta múltiples procesos penales, aunque actualmente se encuentra en arresto domiciliario.
Otro caso relevante es el de Claudia González, exmandataria de la CICIG, detenida en agosto de 2023 por presunto abuso de autoridad. González pasó más de dos meses en prisión, en condiciones de aislamiento, y actualmente se encuentra en arresto domiciliario, denunciando que su detención fue una represalia por su trabajo en la lucha contra la corrupción.
Por su parte, Stuardo Campo, exfiscal contra la corrupción, fue detenido en mayo de 2023 bajo acusaciones de incumplimiento de deberes, y sigue en prisión preventiva. Virginia Laparra, exfiscal de la CICIG en Quetzaltenango, también fue detenida en 2022 por abuso de autoridad y ha sido condenada en dos ocasiones, lo que la obligó a abandonar Guatemala.
Estos casos son solo una muestra de la grave crisis judicial que enfrenta Guatemala, donde la justicia parece haber sido secuestrada por intereses políticos, afectando a quienes buscan defender la verdad y la transparencia en el país.
La situación en Guatemala sigue siendo un tema de preocupación internacional, y la comunidad internacional, liderada por la ONU, observa de cerca los desarrollos en el país. Las críticas al sistema de justicia no solo cuestionan la imparcialidad de los tribunales, sino que también ponen en duda el compromiso de las autoridades con el Estado de derecho y los derechos humanos.
