Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump y del enviado especial para América Latina Mauricio Claver-Carone, junto con el viaje del secretario de Estado Marco Rubio a Centroamérica, han centrado la atención en los riesgos que representan las actividades de la República Popular China (RPC) en Panamá.
Para ser claros, Estados Unidos transfirió el canal a Panamá a través de dos tratados debidamente ratificados, cuya validez legal no suele cuestionarse, aunque algunos puedan poner en duda la prudencia de haberlos acordado. Desde que Panamá asumió la administración el 31 de diciembre de 1999, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha gestionado la vía con un desempeño razonable, estableciendo tarifas de tránsito sin discriminación por país de origen de los barcos, aunque los buques de guerra estadounidenses tienen prioridad y los navíos militares de Colombia cruzan sin costo por un tratado aparte.
En cuanto a China, el Ejército Popular de Liberación (EPL) mantiene relaciones con el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y la Policía Nacional de Panamá, incluyendo la formación de sus efectivos en territorio chino. En 2023, la RPC donó más de 6.000 chalecos y cascos militares a las fuerzas de seguridad panameñas, aunque en colores incompatibles con sus uniformes y con problemas de calidad que llevaron a su deterioro.
Más allá del discreto involucramiento militar chino, el verdadero problema es el alcance de su presencia comercial en Panamá. El gigante logístico chino Hutchison Ports opera terminales en ambos extremos del canal, controlando dos de los cinco principales puertos. Además, la creciente influencia económica china ha convertido a Panamá en un centro logístico y financiero global para sus intereses comerciales, en un contexto de escasa transparencia y múltiples irregularidades. Poco después de que el entonces presidente Juan Carlos Varela reconociera a la RPC, documentos filtrados de su cuenta de WhatsApp revelaron que la empresa de exportación de licores de su hermano había obtenido beneficios en China. Aunque no se probó un quid pro quo, Varela sí intentó frenar el avance chino en sectores como el eléctrico.
Su sucesor, Nito Cortizo, revisó varios proyectos con empresas chinas y limitó algunos de ellos. Sin embargo, en 2021, su gobierno renovó la concesión de Hutchison en los puertos de Cristóbal y Balboa en términos sumamente favorables y bajo condiciones poco transparentes, lo que generó sospechas sobre la capacidad de la empresa para influir en el gobierno panameño y facilitar los intereses comerciales y estratégicos de China.
Además de los puertos, la estatal china COSCO, que ha apoyado al EPL en conflictos en Libia, Yemen y otras regiones, es uno de los clientes más importantes del Canal de Panamá.
Empresas chinas también han participado en grandes proyectos de infraestructura en el país, como el Centro de Convenciones Amador, construido por China Construction Americas, firma condenada a pagar 1.600 millones de dólares por corrupción en otro proyecto. Asimismo, se construyó una terminal de cruceros cerca de Ciudad de Panamá y un puente de 1.520 millones de dólares sobre el canal.
El gigante tecnológico Huawei tiene su sede regional en Panamá y desempeña un papel clave en la infraestructura digital del país. Otras compañías chinas han establecido centros logísticos en Colón, Panamá Pacífico y otras zonas económicas especiales. En el sector minero, la empresa Jiangxi compró más de dos tercios del cobre panameño de la mina Cobre Panamá, la cual representaba 5% del PBI del país antes de su cierre en 2024, aunque el actual gobierno evalúa reabrirla.
Durante la administración Varela, Panamá inició negociaciones para un tratado de libre comercio con China, lo que habría ampliado aún más la presencia china en el país. Aunque las conversaciones se estancaron bajo Cortizo, el gobierno actual de José Raúl Mulino ha expresado interés en retomarlas.
Más allá del gobierno, casi todas las familias más influyentes de Panamá tienen vínculos comerciales con empresas chinas. Desde 2017, la RPC ha desplegado una estrategia de diplomacia de influencia, invitando a académicos, empresarios, políticos, periodistas y funcionarios panameños a viajar a China, generando una red de intereses que podría ser explotada para obtener información, favores o ventajas estratégicas. Algunos ex funcionarios panameños que negociaban con China incluso recibieron becas financiadas por el gobierno chino para estudiar en el país asiático.
Más allá de apoyar los objetivos comerciales y políticos de la RPC, la combinación de presencia, influencia y relaciones comprometedoras de China dentro del gobierno y la comunidad empresarial de Panamá le brinda numerosas oportunidades que podría explotar para cerrar el canal de forma negable, o utilizar de otro modo contra EE.UU. en el momento de un conflicto con EEUU en el Indopacífico.
Tanto el gobierno panameño como el estadounidense se toman muy en serio sus responsabilidades en virtud del Artículo IV del Tratado Carter-Torrijos de 1977 de proteger y defender el Canal, lo que incluye el ejercicio anual Panamax, centrado en la protección de las operaciones del canal, uno de los mayores ejercicios multilaterales de la región, en el que participan 20 naciones. Sin embargo, al igual que con la defensa contra actos de terrorismo en espacios públicos, como el ataque con camión del 1 de enero de 2025 en Nueva Orleans, el acceso de la RPC desde su significativo número de operaciones comerciales y personal en el país, y el conocimiento técnico asociado del que disponen desde sus operaciones en Panamá, simplemente crea demasiadas oportunidades para que la RPC cierre el canal en tiempos de guerra, como para protegerse completamente contra todas ellas.
Los ejemplos incluyen organizar un accidente para hundir o inutilizar uno de los numerosos buques que transitan por el canal en un paso estrecho como el Corte Culebra, destruir uno de los puentes que atraviesan el canal (al igual que el colapso en marzo de 2024 del puente Franscis Scott Key bloqueó el acceso al puerto de Baltimore durante días), o hundir un buque en las propias esclusas o detonar explosivos ocultos en su casco mientras transita por las esclusas. China también podría atacar los sistemas de control de las esclusas, o los sistemas asociados de gestión del agua, mediante ataques físicos o cibernéticos. Grupos supuestamente independientes de la RPC podrían minar parte de la zona del canal o poner en peligro a los buques que esperan transitar por el canal, como hicieron los Houthis para obstaculizar significativamente el tránsito por el Mar Rojo y el Canal de Suez en 2024.
Sin embargo, al igual que en la defensa contra el terrorismo, la gestión del riesgo de ataques contra el canal requiere limitar el acceso y el conocimiento de partes como la RPC, interesadas en cerrarlo en tiempos de guerra.
La intervención militar estadounidense de 1989 para destituir al narcopresidente panameño Manuel Noriega recuerda a los panameños que existe un precedente de actuación estadounidense cuando percibe que están en juego sus intereses estratégicos fundamentales en relación con la zona del Canal, al margen de las cuestiones legales. La acción militar, sin embargo, sería una tragedia en términos de vidas panameñas y estadounidenses, costes e impactos económicos, así como en sus costes a largo plazo, lo que llevaría a algunos países a protegerse contra Estados Unidos, posiblemente profundizando su abrazo a adversarios como la RPC, Rusia e Irán.
Existe un camino claro para proteger los intereses estadounidenses y mundiales en el funcionamiento justo y sin obstáculos del Canal, respetando al mismo tiempo la soberanía de Panamá, el derecho internacional y los compromisos de los tratados: los EEUU y Panamá deben redoblar sus esfuerzos para reforzar la transparencia y la buena gobernanza, que ya están en el corazón del éxito de Panamá como centro logístico y financiero internacional. Deben investigarse a fondo acciones pasadas cuestionables que reflejaron y facilitaron el avance de China, como la cuestionable y poco transparente renovación en 2021 de las concesiones portuarias de Hutchison en Cristóbal y Balboa.
La auditoría de esas operaciones iniciada por el presidente Mulino es un buen comienzo en ese sentido. Si procede, deberían rescindirse los contratos manchados por la corrupción. Más allá de Hutchison, con la supervisión de un organismo internacional, no muy diferente a la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG), se debe llevar a cabo una amplia revisión de los beneficios obtenidos por los funcionarios panameños con autoridad para tomar decisiones a través de viajes, conferencias u otros negocios en la República Popular China, imponiendo sanciones penales e invalidando los contratos donde se encuentre corrupción.
El conflicto sobre el Canal de Panamá no debe eclipsar el papel duradero de Panamá como amigo y socio clave de Estados Unidos, unido por lazos históricos y familiares, así como por el Canal. De hecho, los gobiernos de Trump y Mulino comparten intereses en una amplia gama de asuntos, desde el comercio hasta la gestión de los flujos migratorios, que deberían hacer de la relación entre Estados Unidos y Panamá una de las más sólidas de la región. Sería una tragedia no encontrar puntos en común.
