El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras sostuvo los hallazgos sobre irregularidades en el manejo estatal de fondos para publicidad y propaganda, y dijo que la Secretaría de Finanzas no ha desvirtuado las acusaciones hechas ante el Ministerio Público y se limitó a responder “de forma política” ante los hechos.
El CNA insistió en que hay irregularidades en la aplicación de estos recursos.
Según el Consejo, la Secretaría de Finanzas autorizó modificaciones presupuestarias que permitieron el uso de fondos originalmente asignados a proyectos específicos para cubrir gastos de publicidad en 2023 y 2024.
Estos recursos provinieron de la estructura de asignaciones financieras para contingencias, lo cual contraviene el artículo 40 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que no contempla el uso de estos fondos para propaganda. Además, se cuestiona el uso de fondos provenientes de un préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), cuyo convenio prohíbe su destinación a otros fines.
#Pronunciamiento pic.twitter.com/pHkLwE8C0F
— CNA Honduras (@cnahonduras) January 24, 2025
El CNA también señaló que más de $7.85 millones provenientes de excedentes del Banco Central de Honduras fueron dirigidos a publicidad, recursos que pudieron haberse utilizado para cubrir necesidades urgentes de la población.
La organización enfatizó que el pago de propaganda no puede considerarse un gasto emergente, ya que debió haber sido presupuestado de manera adecuada.
En su comunicación, el CNA recordó los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la tolerancia de los funcionarios públicos a la crítica y la necesidad de garantizar un entorno seguro para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la lucha contra la corrupción.
El Consejo lamentó que, en lugar de cumplir con estos estándares, sectores del poder público promuevan campañas de odio y amenacen con denuncias infundadas contra quienes investigan y revelan casos de corrupción.
El CNA insta al gobierno a respetar el derecho a la libertad de expresión de las organizaciones anticorrupción y a garantizar investigaciones diligentes, imparciales y objetivas en los casos presentados.
