El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa su ofensiva contra la Iglesia Católica en Nicaragua con la confiscación de dos importantes bienes de la Diócesis de Matagalpa: el Seminario Mayor de Filosofía San Luis Gonzaga y el Centro Pastoral La Cartuja.
Ambas acciones se suman a una serie de medidas represivas y confiscatorias que han afectado a la institución religiosa desde 2018, en un contexto de creciente hostilidad hacia la comunidad eclesiástica.
El periodista exiliado Miguel Mendoza denunció este lunes que agentes policiales ocuparon el Seminario Mayor de Filosofía San Luis Gonzaga, ubicado al sur de Matagalpa.
Según la denuncia, el recinto educativo, donde seminaristas de la diócesis cursaban tres años de estudios de filosofía antes de continuar su formación teológica en Managua, fue tomado sin previo aviso y transferido al control estatal.
El seminario, con capacidad para más de 100 personas, cuenta con instalaciones modernas que incluyen aulas, una capilla y un auditorio renovados hace aproximadamente cinco años.
Por su parte, el jueves 16 de enero, según la investigadora Martha Patricia Molina, la policía sandinista confiscó el Centro Pastoral La Cartuja, también en Matagalpa.
Este espacio, dedicado a actividades religiosas y sociales de la diócesis, quedó bajo control policial.
Molina calificó la medida como otra expresión del “odio” del régimen hacia la Iglesia Católica y, en particular, hacia el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien permanece encarcelado desde 2022 en condiciones denunciadas como inhumanas.
Las confiscaciones recientes se producen en un contexto de persecución sistemática contra la Iglesia Católica, marcada por el encarcelamiento de líderes religiosos, el cierre de medios de comunicación diocesanos, la expulsión de congregaciones y la confiscación de propiedades.
En 2022, el régimen ocupó el Palacio Episcopal de Matagalpa, sede de la diócesis, y deportó a más de 200 sacerdotes y trabajadores religiosos en 2023, además de confiscar colegios, clínicas y centros de retiro espirituales administrados por la Iglesia.
La investigadora Molina cuestionó si la Catedral de Matagalpa, aún en funcionamiento, podría ser el próximo objetivo del régimen.
En redes sociales, advirtió que las recientes confiscaciones son una escalada en la estrategia gubernamental para debilitar a la Iglesia Católica, una de las principales voces críticas contra la represión y las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Desde el estallido de las protestas en abril de 2018, la Iglesia Católica ha jugado un papel central en la denuncia de la violencia estatal y en la defensa de los derechos humanos, lo que la ha convertido en blanco de ataques del régimen.
En agosto de 2022, el obispo Rolando Álvarez fue detenido en el Palacio Episcopal junto a varios sacerdotes y laicos. En febrero de 2023, el régimen lo condenó a más de 26 años de prisión tras negarse a ser deportado a Estados Unidos junto con otros presos políticos.
Organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas, han condenado la persecución religiosa en Nicaragua y han exigido el cese de las agresiones contra la Iglesia Católica. Sin embargo, el régimen de Ortega y Murillo mantiene su discurso de confrontación, acusando a los líderes religiosos de conspirar contra su gobierno.
Mientras tanto, la comunidad católica nicaragüense enfrenta un futuro incierto, con sus principales instituciones y líderes bajo ataque, en medio de un ambiente de represión generalizada y silencio impuesto por el régimen.
