La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control absoluto de la dinastía Ortega-Murillo, aprobó este viernes una reforma constitucional que subordina los poderes del Estado al régimen.
La nueva constitucion fortalece su monopolio sobre los medios de comunicación, extiende el mandato presidencial a seis años y crea los cargos de copresidente y copresidenta, consolidando aún más el carácter dinástico del poder.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que el régimen de Ortega está llevando a Nicaragua de vuelta a la Edad de Piedra, mientras que la reforma, presentada con urgencia por la dictadura, fue ratificada en primera instancia por la bancada oficialista, que ejerce un control absoluto sobre el Parlamento.
A pesar de que la Constitución establece que las reformas deben ser aprobadas en dos períodos legislativos, el proceso avanza sin oposición significativa y se prevé que, con la siguiente legislatura, la reforma se ratifique de forma definitiva en enero de 2025.
El Dr. Gustavo Porras, enfatizó que todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional, tienen la responsabilidad de trabajar de forma unida esta Reforma que nos permite contar con un Marco Constitucional acorde a los nuevos tiempos pic.twitter.com/p2ncSOwP99
— Asamblea Nacional Nicaragua (@AsambleaNi) November 22, 2024
La oposición ha denunciado que esta reforma formaliza el “poder absoluto” de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) han acusado a la pareja de intentar afianzar su control total sobre el Estado y perpetuarse en el poder.
Uno de los cambios más drásticos es la creación de los cargos de “copresidente” y “copresidenta”, al mismo tiempo que se amplía el mandato presidencial y el de los diputados a seis años. Ortega ha afirmado repetidamente que Murillo posee el mismo poder que él dentro del Ejecutivo, un cargo que ahora ha sido oficializado.
Según los nuevos términos, los copresidentes podrán nombrar a los vicepresidentes sin necesidad de elección popular. Además, los requisitos para ser copresidente incluyen residir de forma continua en Nicaragua durante seis años previos a la elección, estar libre de cargos de “traición a la patria” y no haber adquirido otra nacionalidad, lo que deja fuera a los principales opositores que fueron despojados de su nacionalidad, desterrados y encarcelados por el régimen en 2023.
La reforma también introduce una cláusula que le otorga al régimen el derecho de controlar los medios de comunicación bajo el pretexto de evitar influencias extranjeras y la propagación de “noticias falsas”. Desde 2020, la “Ley de Ciberdelitos” permite encarcelar hasta por diez años a quienes diseminen informaciones no oficiales.
En otro de los cambios, se define al Estado como “laico” pero se limita a las organizaciones religiosas, prohibiendo que realicen actividades que alteren el orden público, mientras las “iglesias” deberán mantenerse libres de “control extranjero”, lo que deja abierta la puerta a un mayor control sobre cualquier organización que no se alinee con la dictadura.
Además de declarar al Estado como “revolucionario”, la reforma permite la intervención del Ejército en apoyo a la Policía Nacional bajo la justificación de garantizar la “estabilidad de la República”. Se formaliza también la creación de la Policía Voluntaria, nacida tras la represión de las protestas de 2018 que dejaron más de 300 muertos, compuesta principalmente por excombatientes sandinistas.
El texto también elimina de facto la separación de poderes, concentrando aún más el control en la figura del Ejecutivo, que ahora coordinará y dirigirá los poderes legislativo, judicial, electoral y de control, además de ser la Jefatura Suprema del Ejército y de la Policía Nacional.
Por último, la reforma establece que el Estado no reconocerá ninguna sanción externa y considera traidores a la patria a todos aquellos que se opongan a su control absoluto. Esta reforma, que se prevé sea ratificada completamente en 2025, consolida la dictadura Ortega-Murillo como un régimen totalitario sin posibilidad de competencia ni oposición legítima.
