La nueva reforma constitucional de la dictadura Ortega-Murillo no es una actualización ni un ajuste técnico, es un ataque brutal y sin precedentes contra las libertades fundamentales de los nicaragüenses. Lo que debería ser la máxima garantía de derechos se ha transformado en una herramienta para perpetuar el poder de una pareja dictatorial que, con esta “masacre constitucional”, consolida su régimen represivo y asfixiante.
Más que una reforma, se trata de una constitución hecha a la medida del poder absoluto de la familia Ortega-Murillo. Con estas modificaciones, no solo se eliminan derechos políticos y libertades individuales, sino que se destruyen pilares esenciales de una democracia: el pluralismo político y la separación de poderes.
El objetivo principal de esta reforma es garantizar la continuidad de la pareja Ortega-Murillo en el poder. Entre los cambios más siniestros, destaca la ampliación del periodo presidencial de cinco a seis años y la creación de la figura de “co-presidente”, un cargo diseñado para institucionalizar la alternancia en el poder entre ambos dictadores y su círculo familiar.
“La presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta”, establece el nuevo artículo 133 de la reforma, una figura diseñada para perpetuar la dinastía Ortega-Murillo y facilitar la sucesión familiar en el control del Estado. Esto significa que, de aprobarse esta reforma en segunda legislatura en 2025, las elecciones de 2026 serían postergadas a 2027 bajo las nuevas reglas impuestas por el régimen.
Además, anulan la división de poderes y los subordinan a la familia dictatorial: “La Presidencia de la República dirige al Gobierno y como Jefatura de Estado coordina a los órganos Legislativo, Judicial, Electoral, de Control y Fiscalización, Regionales y Municipales, en cumplimiento de los intereses supremos del Pueblo Nicaragüense y de lo establecido en la presente constitución”.
Ataque directo a los derechos humanos
Más de 45 artículos constitucionales han sido eliminados y otros 50 modificados para endurecer las herramientas de represión contra el pueblo. Entre las reformas más alarmantes se encuentra la institucionalización de la “traición a la patria” como excusa para despojar de la nacionalidad a críticos del régimen y reprimir a cualquier voz disidente.
Además, los cambios elevan a calidad de héroes nacionales a figuras como Tomás Borge, Hugo Chávez, Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, mientras eliminan cualquier reconocimiento a las sanciones internacionales.
Esto pone en grave riesgo a las instituciones financieras, que ahora están obligadas a ignorar las sanciones internacionales bajo amenaza de ser acusadas de “traición”.
Eliminación del pluralismo político
La dictadura también ha eliminado el término “pluralismo político” de la Constitución, dejándolo restringido únicamente a “pluralismo cultural y social”. Este cambio no solo borra cualquier reconocimiento a la diversidad de pensamiento, sino que consolida el modelo de partido único, sometiendo aún más al país al control absoluto del FSLN.
Asimismo, la reforma limita la libertad de prensa y expresión, subordinándolas a conceptos ambiguos como “paz”, “soberanía” y “noticias falsas”, dejando en manos del régimen la definición de lo que puede o no decirse públicamente.
Una Nicaragua subordinada a intereses extranjeros
En el ámbito internacional, las reformas refuerzan la subordinación de la política exterior nicaragüense a los intereses de China y Rusia, mientras aumentan la confrontación directa con Estados Unidos y Europa. Esto no solo aísla aún más al país, sino que lo alinea con regímenes autoritarios, alejándolo de los principios democráticos y de respeto a los derechos humanos.
Además, se eliminan garantías de autonomía para la Costa Caribe, contraviniendo las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Con ello, se atenta contra las comunidades indígenas y afrodescendientes, quienes quedan aún más vulnerables ante los abusos del régimen.
Un ejército al servicio de la represión
La reforma también consolida la militarización del país al elevar al Ejército como “el pueblo mismo uniformado” y otorgarle funciones de guardianes del régimen. Esto legaliza la participación del Ejército en la represión junto a la policía, integrando además al Ministerio del Interior bajo un mando unificado controlado por Ortega.
En cuanto a las instituciones judiciales y de control, los cambios reducen el número de magistrados en la Corte Suprema de Justicia a nueve, garantizando una mayoría de mujeres afines al régimen, y limitan los contralores a tres, eliminando cualquier atisbo de supervisión independiente.
Por otra parte legalizan a los paramilitares como “policías voluntarios” a disposición de la familia presidencial; elevan a “símbolos patrios” las banderas del FSLN y sus símbolos partidarios y terroristas.
Un futuro de represión y aislamiento
En resumen, esta reforma es una masacre constitucional que destruye derechos fundamentales, consolida la dictadura, legaliza crímenes de lesa humanidad y aísla a Nicaragua en el escenario internacional. Con cada artículo modificado, Ortega-Murillo no solo perpetúan su poder, sino que también condenan a los nicaragüenses a un futuro de opresión, pobreza y aislamiento.
La comunidad internacional, organismos de derechos humanos y el pueblo nicaragüense enfrentan ahora un desafío monumental para revertir una reforma que amenaza con borrar lo poco que queda de democracia en el país.
