En una semana marcada por la intensificación de denuncias internacionales contra la dictadura de Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha emitido tres informes alarmantes que señalan la persistente represión estatal y el abuso sistemático de los derechos humanos bajo el control de la familia Ortega-Murillo.
Estos documentos revelan no solo la continuidad de los crímenes cometidos por el régimen desde el estallido de la crisis política en 2018, sino también el ambiente de impunidad generalizada que caracteriza al país.
Los informes abarcan casos emblemáticos que, de manera representativa, ponen en evidencia las múltiples capas de la represión que afecta tanto a opositores políticos como a periodistas, defensores de derechos humanos y comunidades marginadas, como los pueblos indígenas.
La CIDH ha reiterado su preocupación ante lo que describe como una dictadura que perpetúa un clima de terror, en el que se violan de manera sistemática las libertades civiles, las garantías judiciales y los derechos fundamentales.
Santos Sebastián Flores Castillo: tortura y muerte en prisión
Uno de los informes más impactantes presentados por la CIDH se centra en el caso de Santos Sebastián Flores Castillo, un abogado y notario público que fue detenido en 2013 tras denunciar los abusos sexuales cometidos por el presidente Daniel Ortega contra su hermana, una menor de 15 años.
La familia de Flores Castillo fue objeto de persecución estatal desde que se hicieron públicas las acusaciones. El abogado fue condenado a 15 años de prisión por delitos que, según la CIDH, fueron fabricados como represalia por sus denuncias contra Ortega.
Durante su encarcelamiento en el Sistema Penitenciario Nacional de Tipitapa, Flores Castillo fue sometido a torturas físicas y psicológicas, condiciones inhumanas de detención y desnutrición extrema.
A pesar de las repetidas denuncias de malos tratos por parte de su familia, el Estado nicaragüense no inició ninguna investigación para esclarecer los hechos.
En noviembre de 2021, Flores Castillo falleció en prisión bajo circunstancias sospechosas, oficialmente declarado muerto por un infarto, aunque su familia presentó evidencias de lesiones y signos de tortura.
En su informe, la CIDH concluye que el Estado de Nicaragua es responsable de la violación de los derechos a la vida, la integridad personal y las garantías judiciales de Flores Castillo y su familia.
La Comisión recomendó una serie de medidas de reparación, entre ellas compensaciones económicas, un programa de rehabilitación para los familiares de la víctima, y una investigación exhaustiva para enjuiciar a los responsables de las torturas y la muerte del abogado.
Este caso pone de relieve el uso de la tortura como una herramienta sistemática de represión en Nicaragua, además de subrayar la falta de acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos bajo el régimen Ortega-Murillo.
Asesinato del periodista Ángel Gahona: impunidad y represión contra la libertad de expresión
El tercer informe presentado por la CIDH expone el asesinato del periodista Ángel Eduardo Gahona, quien fue abatido en abril de 2018 mientras cubría una manifestación en la ciudad de Bluefields, en la región del Caribe Sur de Nicaragua.
Gahona, un periodista crítico del régimen, fue alcanzado por un disparo mientras transmitía en vivo los enfrentamientos entre manifestantes y la policía.
Aunque dos jóvenes fueron condenados por el asesinato, ambos fueron liberados en 2019 bajo la Ley de Amnistía, un instrumento legal que la CIDH ha denunciado por facilitar la impunidad de los crímenes cometidos durante las protestas.
El informe de la CIDH asegura que las pruebas señalan que el disparo que mató a Gahona provino de un agente estatal, y que su asesinato estuvo directamente vinculado con su labor periodística.
La Comisión subrayó que la violencia contra los periodistas en Nicaragua es parte de una estrategia más amplia de represión contra la libertad de expresión, ya que los medios independientes y los profesionales de la comunicación se han convertido en blancos prioritarios del régimen.
En este contexto, la CIDH ha exigido al Estado nicaragüense que inicie una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y castigar a los responsables, asegurando que no se podrá alegar amnistía ni cosa juzgada para evitar la justicia en un caso que constituye una grave violación de los derechos humanos.
Asimismo, recomendó al gobierno que adopte medidas urgentes para proteger a los periodistas y garantizar la libertad de prensa en el país.
Informe anual: seis años de abusos sistemáticos
Antes de las denuncias sobre los casos de Gahona y Flores Castillo, la CIDH presentó un informe que incluye a Nicaragua, por sexto año consecutivo, en su lista de países que violan gravemente los derechos humanos y la institucionalidad democrática, de acuerdo con los principios de la Carta Democrática Interamericana.
Desde el inicio de la crisis política en abril de 2018, la CIDH ha documentado el desarrollo de un estado policial que ha instaurado un control totalitario, prohibiendo las manifestaciones públicas, clausurando medios de comunicación independientes y sometiendo a la población a un régimen de vigilancia y asedio constante.
El informe denuncia la cooptación de las instituciones públicas y el uso sistemático del aparato judicial como herramienta de represión política.
Los casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y persecuciones a figuras de la oposición, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes religiosos han sido recurrentes.
La CIDH señaló que el sistema judicial en Nicaragua ha perdido toda independencia, actuando como un mecanismo más de control del poder ejecutivo, en detrimento del Estado de derecho.
Desde 2018, más de 2,000 personas han sido detenidas de manera arbitraria, y al menos 355 han muerto como resultado de la represión estatal.
Entre las violaciones más recientes, destaca la privación de la nacionalidad a 317 nicaragüenses, incluidos destacados opositores, periodistas y activistas.
Estos ciudadanos han sido despojados de sus derechos civiles, políticos y patrimoniales en lo que la CIDH ha descrito como una campaña de represalia sin precedentes en la historia de Nicaragua.
Nicaragua: Un país en crisis bajo una dictadura implacable
Los tres informes de la CIDH convergen en un diagnóstico claro: Nicaragua sigue inmersa en una crisis de derechos humanos sin precedentes, que ha destruido el tejido social y democrático del país.
De los documentos se desprende que bajo el régimen Ortega-Murillo, la represión es omnipresente y abarca todos los niveles de la vida pública y privada.
Los mecanismos de control estatal, detallan los documentos, no solo buscan sofocar la disidencia política, sino también silenciar a cualquier persona o institución que se atreva a desafiar el poder absoluto del gobierno.
A pesar de la salida de Nicaragua de la OEA en noviembre de 2023, la CIDH ha reiterado su compromiso de seguir documentando las violaciones de derechos humanos en el país.
La Comisión, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), se ha comprometido a continuar monitoreando la situación y a presionar para que el Estado nicaragüense cumpla con sus obligaciones internacionales.
