El exsecretario privado de la presidencia (2009-2014), Francisco José Cáceres Zaldaña y algunos de sus familiares son procesados por el enriquecimiento ilícito de $3.8 millones, informó la Fiscalía General.
Además, el exdiputado del izquierdista FMLN, Guillermo Mata Bennett, y dos de sus hijos son acusados por el mismo delito, de acuerdo al reporte oficial.
De acuerdo a la fiscalía, a Cáceres, funcionario durante la presidencia de Mauricio Funes (prófugo para evadir dos condenas penales) le reclaman $3,541,407 por 44 irregularidades presentadas por depósitos en efectivo y por medio de cheques en cuentas de ahorro, pagos de préstamos y de tarjetas de crédito. Los fondos los habría tomado del erario público.
#CombateALaCorrupción I El exsecretario privado de la presidencia Francisco José Cáceres Zaldaña y su grupo familiar son procesados por el enriquecimiento ilícito de $3,892,095.46. de dólares.
Francisco Cáceres se desempeñó en su cargo durante la gestión del expresidente… pic.twitter.com/wxHshu3KhB
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Su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres, también es demandada por 11 inconsistencias en depósitos a cuenta de ahorro, adquisición de vehículos y de inmuebles por un monto de $346,553.
En el caso también está involucrada la hija del matrimonio, Mariana Cáceres Flores, por $6,133.
En el caso de Mata Bennet y sus hijos, a quienes se les acusa del delito de enriquecimiento ilícito.
le atribuyen inconsistencias por $13,270 “durante sus dos periodos como parlamentario, estos van de mayo del 2012 a abril del 2015 y de mayo del 2015 a abril del 2018”.
#CombateALaCorrupción | La @FGR_SV demandó civilmente al exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y a sus dos hijos a quienes se les acusa del delito de enriquecimiento ilícito.
Al exfuncionario se le atribuyen dos inconsistencias por un monto total de $13,270.00… pic.twitter.com/FL3J8i1MRh
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A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, uno de sus hijos, lo señalan por el enriquecimiento de $251,685 y a Jorge Alberto Mata Mayorga por $6,357.
Según el reporte, hay 16 depósitos bancarios en efectivo, compra de vehículos y pago de créditos hipotecarios hechos con fondos cuya procedencia no podrían justificar.
