Bank of America (BofA) advirtió que el gobierno panameño debe aplicar un plan de ajuste fiscal con urgencia para contener una degradación en las calificaciones soberanas después de que perdiera el grado de inversión.
Panamá, una de las economías más prósperas en Centroamérica, se enfrenta a graves problemas fiscales y de gobernanza, exacerbados por el cierre de la mina de cobre más grande de la región y motor económico del país. La agencia de riesgo Fitch Ratings fue la primera en tomar cartas sobre el asunto al rebajar en marzo pasado su nota de “BBB-” a “BB+”.
El escenario es complejo para la economía panameña de cara a las elecciones presidenciales del 5 de mayo, cuyo candidato electo deberá tomar una decisión sobre si continuar el litigio internacional con la canadiense First Quantum o llegar a un acuerdo para reactivar el yacimiento de cobre.
BofA advierte que Panamá podría sufrir más degradaciones en la calificación de riesgo si la próxima administración del Ejecutivo no implementa un ajuste fiscal “grande y creíble”.
“Los inversionistas siguen preocupados por el cierre de la mina y el costo potencial del arbitraje. Se percibe como un riesgo mayor que el impacto a corto plazo en la actividad económica”, añade el banco en un análisis de mercado.
Junto al cierre de la minería, cayeron también las proyecciones de crecimiento de Panamá, que pasará de ser la economía de mayor bonanza en 2023, con un 7.5 %, a colocarse en el último puesto en América Central, con un 2.5 % para 2024. La mina de cobre representaba un 4.8 % del Producto Interno Bruto (PIB) y un 75 % de las exportaciones de Panamá.
BofA concuerda que el crecimiento del PIB rondó un 7.3 % en 2023, mientras que para 2024 pronostica un 2 % y un 3.6 % para 2025.
El banco destaca que el déficit en la cuenta corriente seguirá presionado por la pérdida de los ingresos derivados de la actividad de la minería, mientras existe el riesgo de mantener un gasto para subsidiar los combustibles para “evitar disturbios sociales”.
El gobierno panameño congeló los precios de los derivados del crudo a mediados de 2022, con un gasto de $500 millones, un 0.6 % del PIB. Esta medida se levantó en enero de 2024, pero el banco advierte que podría ampliarse a medida se eleva el costo de las importaciones de petróleo y en un intento para mantener calmados los ánimos de la población.
En el corto plazo se vislumbra un alivio con el aumento de cruces diarios por el Canal de Panamá, que desde 2023 se enfrenta a una severa sequía sin precedentes en 70 años. Inicialmente se esperaba que el tránsito de contenedores fuera de 18 en enero de 2024, pero el regulador de la terminal marítima subió a 24 por el alivio generado tras las lluvias a inicios de año.
