La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua implementó una nueva medida de control profesional que ha generado controversia en el ámbito de la salud en el país centroamericano.
A través de una circular emitida el pasado 20 de abril, el Minsa ha exigido a los distribuidores y laboratorios nacionales y extranjeros que notifiquen a la institución estatal sobre cualquier actividad de capacitación en la que participen los trabajadores de la salud.
Según la circular, todas las actividades relacionadas con capacitaciones, lanzamientos de productos, actividades técnicas y congresos que involucren a trabajadores de la salud de establecimientos públicos y privados deben ser informadas a la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud.
“Toda actividad relacionada con capacitaciones, lanzamiento de productos actividades técnicas y congresos que conlleven la participación de trabajadores de la salud de establecimiento público y privado deben ser informados a la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud”, se lee en la circular emitida el pasado 20 de abril.
Según el texto firmado por Martha Ligia Rosales Granera, directora general de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria del Minsa, este proceso de notificación debe ser coordinado con las diferentes Direcciones Generales de Servicios de Salud y la Dirección General de Docencia del Minsa.
Esta oficina autorizará o rechazará los eventos, emitirá los permisos para los participantes y controlará las salidas e ingresos migratorios de los participantes.
Esta nueva estrategia de control ha despertado preocupaciones entre los expertos en salud pública, quienes ven en ella un intento por parte del gobierno de ejercer un mayor control sobre el personal médico en Nicaragua, especialmente sobre los médicos.
Ana Quirós, experta en temas de salud pública, dijo que la medida repercutirá directamente en clínicas y médicos privados que buscan modernizar sus conocimientos a través de los seminarios, cursos y talleres de capacitación.
“No hay dudas que esas medidas de control político van a incidir en el ánimo y la voluntad del personal médico, ya que estas actividades suelen estar orientadas a actualizar y capacitar al personal de salud, así como a presentar innovaciones en medicina y tratamientos médicos”, comentó Quirós.
Quirós también expresó su preocupación por el impacto que esta medida tendrá en la actualización de normas y el manejo de enfermedades en Nicaragua, señalando que podría provocar un rezago en el personal médico del país en comparación con el resto de Centroamérica, que asiste libremente a este tipo de eventos.
Quirós destacó que al hacer extensiva esta circular a los establecimientos privados, incluyendo compañías farmacéuticas internacionales, el Minsa está extralimitándose en sus funciones.
“El Minsa tiene facultades de regular las prácticas y ejercicios del sector público, pero no tiene por qué incidir en las decisiones de las instituciones privadas que tienen sus propias normativas y protocolos de modernización”, expresó.
Las medidas de control ya empezaron a ser aplicadas por medio de los guardias de Migración y Extranjería que el pasado 20 de abril prohibieron salir del país a 50 médicos y 30 visitadores médicos, que se dirigían a Punta Cana, República Dominicana, a una convención patrocinada por el laboratorio Megalabs.
La prohibición alcanzó a la doctora Tania Fonseca Terán, hija del guerrillero izquierdista Carlos Fonseca, a quien la propaganda sandinista califica de “héroe”.
La medida ha sido considerada por los médicos como “una venganza” de la dictadura.
A inicios de este mes, los médicos en Nicaragua rechazaron un acuerdo que los obligaba a trabajar para el Estado por 10 años a cambio de ser becados para obtener una especialidad.
Tras la presión y amenazas de renuncias masivas por parte de los médicos, el Minsa finalmente se retractó y eliminó esos acuerdos, atribuyendo la “sana decisión” al juicio solidario del dictador Daniel Ortega.
Sin embargo, la imposición de nuevas restricciones y controles por parte del gobierno ha generado preocupación entre los profesionales de la salud y ha suscitado críticas tanto a nivel nacional como internacional.
“Esta resolución administrativa del régimen, de controlar las capacitaciones, es una venganza del gobierno porque los médicos nos opusimos a la medida de prestarle 10 años de servicios obligados al régimen. Nos perdonaron los 10 años, pero ahora nos imponen restricciones de capacitaciones”, dijo desde Managua un médico privado que por seguridad omitió su identidad.
No es la primera vez que la dictadura arremete contra la comunidad médica en Nicaragua, ya que en 2018, cuando se dieron las protestas sociales que la dictadura ordenó disolver por la fuerza, la ministra del Minsa, Sonia Castro, ordenó no atender en los centros públicos a los manifestantes víctimas de la represión policial y militar.
Los médicos que rechazaron la orden fueron despedidos sin goce de salarios y beneficios y algunos fueron detenidos y acusados de “terrorismo”.
Estados Unidos impuso sanciones a Castro y sendos informes de derechos humanos calificaron la decisión de la dictadura como uno más de los tantos crímenes de lesa humanidad cometidos por la familia Ortega-Murillo.
Posteriormente en 2020, cuando la pandemia de COVID-19, los médicos privados salieron al frente a denunciar las políticas de contagio que la dictadura promovió bajo la creencia de que el virus no afectaría a Nicaragua “por estar bendecida”.
La dictadura promovió marchas de bienvenida al Covid-19, alentó y promovió actos de concentración masiva y prohibió el uso de mascarillas y guantes en los primeros meses de la pandemia, hasta que la pandemia empezó a afectar a los militantes y miembros del partido.
Sin embargo, las denuncias de los médicos le valieron despidos, detenciones, amenazas y exilio por contradecir el discurso oficial que pregonaba que el virus no afectaría a Nicaragua por estar “bendecida”.
