Alejandro Giammattei, quien aún vive en la residencia de más de un millón de dólares puesta a su disposición en Vista Hermosa al empezar su mandato, coordina con Sandra Jovel la diputada que fracasó en el intento por ser Presidenta del Congreso. Alan Rodríguez, líder parlamentario del partido Vamos, desplazado del poder, coincide y defiende en el Pleno a Álvaro Arzú, del reducido partido Unionista. Todos ellos se identifican como representantes de la derecha guatemalteca, promueven la misma visión de país y defienden idénticos intereses. Estos se resumen en la sobrevivencia del sistema tal y como funciona hoy en día. O sea, nada ajeno a la práctica política normal en una democracia.
Hay quien quiere conservar el estado de las cosas y hay quien quiere modificarlo.
Pero los cuatro políticos en mención, cada uno por separado y todos en coro, adoptan el discurso que el Ministerio Público promovió desde el 26 de junio de 2023 respecto al proceso electoral. Ellos ven al Movimiento Semilla como un partido que ganó ilegítimamente las elecciones, que compitió hasta lograr derrotarlos según ellos solo gracias a un proceso anómalo de inscripción y al cual han logrado colocar en una posición precaria en el Congreso merced a la complicidad de la Corte de Constitucionalidad que ha hecho prevalecer una ley ordinaria y no aplicable por encima de la propia Constitución.
Su discurso hoy es muy parecido a lo que Sandra Torres presentó rumbo a la segunda vuelta electoral. Y que le valió la derrota.
La derecha usa a las instituciones, al Ministerio Público, al Organismo Judicial y a la más alta corte, para atar de manos a Semilla porque de otro modo no logra someterlo. Alejandro Giammattei coordina con quienes piensan como él en el Congreso la estrategia en la que se juega la vida. Se juega la impunidad.
Esa residencia en la cual vive, los apartamentos de sus hijos, la mansión en las faldas del volcán de Agua y tantos otros signos de un enriquecimiento difícil de explicar como no sea por medio del abuso de su posición de poder, reflejan su vulnerabilidad. Su futuro depende de que Consuelo Porras permanezca en la Fiscalía General para cuidar sus espaldas. Y de que la Corte de Constitucionalidad mantenga atada de manos a Semilla.
Esa derecha se retuerce de rabia ante el acuerdo alcanzado por los oficialistas para tomar control de la directiva del Congreso porque le hace inviable la mayor amenaza contra el gobierno de Bernardo Arévalo. Los derechistas hoy son incapaces de reunir 107 votos para desaforar al Presidente, aunque la Fiscal General y los magistrados de las altas Cortes se pongan de cabeza.
Ese límite les queda claro. Pero temen que si permiten el avance de los oficialistas, por ejemplo, reuniendo los 80 votos para reformar la ley de Delincuencia Organizada y así orillar al sistema de justicia a desatarles las manos, terminarán pudiendo constituirse en bancada, con plenas facultades. Y en esas circunstancias la batalla para la derecha se hará más dura, aunque sea en condiciones justas.
Seguramente la derecha pro sistema teme que la actual actitud pacifista del presidente Arévalo, quien se abstiene de mencionar la cooptación del sistema de justicia, bajo el noble y liberal argumento del respeto a la independencia de poderes, podría precluir algún día —el día en que se considere insensato defender el derecho de la mafia a mantenerse incrustado en el MP y el Organismo Judicial.
La derecha no se atreve a ir a la batalla contra un contendiente con las manos desatadas por temor a la derrota. Se refleja con poca confianza en sí misma y prefiere poner en evidencia la podredumbre del sistema. De su sistema.
