Por Jose Manuel Ferrary Merino, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja
“Parece que algo se mueve en Venezuela”. Esta afirmación recurrente, que aparece siempre que surge la más mínima posibilidad de apertura democrática en Venezuela, ha vuelto a resonar en las últimas semanas.
A finales de octubre de 2023 las organizaciones opositoras al chavismo organizaron, con éxito, unas elecciones primarias para elegir a la persona que se enfrentará a Nicolás Maduro en las elecciones presidencias previstas para 2024.
Pocos días antes se había firmado el Acuerdo de Barbados en el que, a cambio del levantamiento de las duras sanciones económicas internacionales que pesan sobre el país, el gobierno se comprometía a facilitar una contienda presidencial verdaderamente democrática y a relajar la represión sobre sus opositores.
Estos eventos han despertado el optimismo de muchos, que por fin atisban una luz al final del oscuro túnel de la dictadura chavista.
Poder absoluto
Sin embargo, ni los más optimistas asumen que será un camino fácil. Desde que Hugo Chávez asumiera democráticamente la presidencia del país tras las elecciones de diciembre de 1999, el movimiento acaudillado por él fue copando progresivamente todos los centros de poder del país. Tras su muerte, en 2013, su sucesor, Nicolás Maduro, ahondó en la deriva autoritaria del chavismo.
El chavismo controla todas las instituciones teóricamente neutrales (el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General de la República), las supuestamente representativas (la Asamblea Nacional), las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado, así como los medios de comunicación de mayor influencia.
Ha sabido también utilizar estos instrumentos para alterar las reglas del juego cuando se ha visto amenazado. Así lo hizo, por ejemplo, en 2014: tras semanas de intensas protestas sociales, Leopoldo López, uno de los líderes más destacados de la oposición, fue arrestado y posteriormente condenado a 13 años de cárcel después de un dudoso proceso judicial.
En 2017, con el objetivo de contrarrestar la amenaza que suponía una Asamblea Nacional controlada desde 2015 por la oposición, creó la Asamblea Nacional Constituyente. Una cámara vacía de contenido, pero que fue utilizada por el Ejecutivo para imponer sus políticas. El régimen contó entonces con el aval del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral.
Piedras en el camino
El chavismo ha actuado de la misma manera en su gestión de los resultados de las primarias de la oposición.
Primero, y con la intención de obstaculizar su celebración, la mayoría de los integrantes del Consejo Nacional Electoral (encargado de monitorear este tipo de procesos electorales) presentaron su dimisión en junio.
Pese a la demora en el nombramiento de sus sustitutos, la oposición decidió seguir adelante y organizar los comicios. Apenas un mes antes de las elecciones, y cuando ya estaba claro que se iban a celebrar, se hizo público el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral.
Una vez reconstituido, el CNE se ofreció a prestar asistencia técnica para la organización de las primarias. Pero, ante el miedo de que esa ayuda fuera utilizada para distorsionar el proceso (impidiendo la concurrencia de candidatos, retrasando la fecha prevista…), la oposición decidió rechazar el ofrecimiento.
La primarias fueron un éxito: se desarrollaron con normalidad y participaron más de 2 millones de personas, que optaron de un modo abrumador por María Corina Machado. La ausencia de incidentes dejó en evidencia la falta de apoyo social de un régimen que no hace mucho tiempo habría tenido la capacidad de movilizar a sus bases para amedrentar a los votantes.
Así no
Las autoridades chavistas no tardaron en aducir la no asistencia del Consejo Nacional Electoral para declarar la ilegitimidad de las primarias. Está por ver qué pasará finalmente, dados los compromisos asumidos por el gobierno venezolano en Barbados de garantizar unos comicios presidenciales limpios en 2024.
Ese tipo de ardides han permitido al chavismo sobrevivir a situaciones críticas, como el aislamiento internacional del régimen que siguió a la dura represión del estallido social de 2017, con miles de personas protestando en las calles, o en 2019, momento en el que el opositor Juan Guaidó pareció poner en jaque al gobierno de Maduro.
Cierto es que ahora las circunstancias son distintas. Al factor Barbados habría que añadir la difícil situación económica del país y sus consecuencias sociales, que han llevado a que el apoyo al chavismo se encuentre en sus horas más bajas.
Pero también lo es que, a pesar de algunas concesiones puntuales, el régimen no parece dispuesto a dar su brazo a torcer. Así lo demostró a principios de este mes, al ordenar la detención de varios asesores de Machado con la excusa del referéndum sobre el Esequibo.
Estrategias posibles
¿Qué debería hacer la oposición ante los constantes cambios en las reglas del juego? No existe una respuesta clara. Sobre todo, si tenemos en cuenta la velocidad a la que pueden evolucionar los acontecimientos en las próximas semanas. Sin ir más lejos, Maduro acaba de liberar por sorpresa a varios presos políticos, y de revocar las órdenes de detención emitidas hace solo unos días contra los asesores de Machado.
Un movimiento explicable por las presiones de EE UU, que presiona para que el gobierno venezolano respete lo prometido en Barbados. También por la intención del chavismo de transmitir una imagen dialogante a la comunidad internacional.
La mejor respuesta de la oposición a toda esta incertidumbre podría pasar por generar una sólida concertación a la chilena, que le permita estar preparada para aprovechar las oportunidades que surjan por el camino. Solo una oposición unida, capaz de apoyarse ante los envites del chavismo, de despertar a la sociedad civil, y de atraer a los sectores moderados y descontentos del régimen, podrá promover cambios reales en Venezuela.
Está claro que su retorno a la democracia será una carrera larga y plagada de obstáculos. Desde 1999 el chavismo se ha mantenido en el poder aplicando el principio del “divide y vencerás” en sus acciones contra la oposición. Una oposición a la que le falta asumir de un modo definitivo la consigna de “la unión hace la fuerza”.
Jose Manuel Ferrary Merino, Investigador y docente en la Universidad Internacional de la Rioja. Doctor en Historia por la Universidad de Navarra. , UNIR – Universidad Internacional de La Rioja
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
