El asalto de la dictadura sandinista al registro público de la propiedad en Nicaragua, que estaba bajo control del Poder Judicial, ha creado pánico y profunda preocupación entre empresarios y propietarios de tierras ante la ola de confiscaciones arbitrarias cometidas por el régimen de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En las últimas dos semanas el régimen dinástico asaltó el Poder Judicial y barrió con estructuras enteras de funcionarios, desde magistrados con inmunidad parlamentaria y jueces de plazas, hasta secretarios y oficinistas; al final, el objetivo era apropiarse del control del Registro Público de la Propiedad Inmueble y
Mercantil de Nicaragua.
Esta instancia guarda los registros de todas las viviendas, fincas, lotes, empresas, marcas, franquicias, sociedades y demás formas de pertenencia de propiedades y bienes de nicaragüenses y extranjeros.
La dictadura de Nicaragua ha venido anulando organizaciones y confiscando sus bienes inmuebles desde 2018, pero ha sido entre 2022 y 2023 que la confiscación ha sido masiva, pasando a manos del régimen universidades, colegios, negocios, oficinas, viviendas, centros de turismo, apartamentos, edificios, clínicas, cuentas, vehículos, etcétera.
“Dictadura sandinista se prepara para ejecutar confiscaciones masivas a empresarios privados. Ahora ya sabemos quiénes serán los próximos alineados al pie de la horca”, advirtió el periodista y exiliado político Miguel Mora, a quien la dictadura confiscó el edificio del canal 100% Noticias y su vivienda personal.
El empresario y ex preso político Juan Sebastián Chamorro, apuntó lo mismo: que en manos de Ortega y Murillo las propiedades de todos los nicaragüenses corren peligro.
“Esta barbaridad cambia fundamentalmente las reglas del juego de la tenencia de la propiedad en Nicaragua, lo cual envía un pésimo mensaje a los inversionistas que ahora sus derechos de propiedad están cada vez más vulnerados, así como los derechos de todos los nicaragüenses”, expresó Chamorro en un video divulgado en sus redes sociales.
A Chamorro y su familia, los Ortega-Murillo también le confiscaron su residencia familiar, un restaurante y una empresa de bienes raíces y lotificaciones
“El traslado del registro público de la propiedad de bienes inmuebles y mercantil del poder judicial a la oficina de la Procuraduría General de la República solo puede definirse como una barbaridad jurídica y por eso es que precisamente la dictadura necesita una reforma constitucional profunda porque esto en un cambio profundo en el régimen del derecho de propiedad en Nicaragua”, advirtió Chamorro, quien fue precandidato presidencial en 2021.
“Ahora el abogado del estado, dependiendo a sus necesidades o sus antojos, va a poder alterar estos registros, podrá confiscar sin necesidad de pedírselo al poder judicial, que además queda sin una fuente importante de recursos pues cada vez que se registraba una hipoteca, un registro o cambio de la propiedad, se pagaba por estos trámites, pero estos dineros ahora le quedarán al procurador general”, expresó Chamorro en su video.
El registro público ahora está bajo el control de la Procuraduría General de la República (PGR), oficina supeditada por ley a la Presidencia de la República que Ortega usurpa desde 2007. Los diputados obedientes a Ortega y Murillo, anularon la jurisdicción sobre los registros públicos al poder judicial, y después aprobaron una nueva ley denominada Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros a la PGR, que le confiere a esta última institución todas las facultades que eran propias del poder judicial sobre los registros públicos.
La PGR ha sido la institución utilizada por la familia Ortega-Murillo para confiscar viviendas y bienes a los opositores, intervenir oficinas privadas, nacionalizar negocios privados, traspasar al Estado los bienes de organizaciones civiles, empresariales y religiosas y legalizar la usurpación de las universidades, colegios y centros humanitarios de la Iglesia Católica.
Los registros públicos de la propiedad se instauraron en Nicaragua en 1904 y, por mandato legal, han sido una dependencia del poder judicial, con facultades de organismo supervisor y de control administrativo, con responsabilidad de nombrar y destituir a los registradores públicos.
Sin embargo, en 1979 la primera dictadura sandinista arrebató esa función al Poder Judicial y se lo adjudicó a la Procuraduría General, que comenzó una ola de confiscaciones a empresarios, opositores y productores.
En 1990, cuando la dictadura de Ortega perdió por primera vez el poder, la misma Procuraduría transfirió miles de propiedades estatales y privadas a manos de altos funcionarios de la dictadura, cometiendo la mayor estafa contra el Estado que fue bautizada como La Piñata. De hecho el mismo dictador Ortega y su familia, aun habitan un complejo de viviendas robadas a su antiguos dueños en una exclusiva zona de Managua donde actualmente quedan las oficinas del FSLN, el partido de la dictadura.
