La violencia en Honduras golpea con mayor fuerza a niños y jóvenes, en un contexto marcado por pobreza, exclusión educativa, trabajo infantil y abusos.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos califican la situación como una “emergencia nacional”. También cuestionan la falta de protección efectiva para la niñez y la juventud.
Entre enero y julio de 2026, al menos 363 menores y jóvenes murieron de forma violenta. La cifra representa un aumento del 13 % frente a las 321 víctimas del mismo periodo de 2025, según Coiproden.
Muertes violentas reflejan la gravedad de la crisis
Uno de los casos recientes ocurrió en Tegucigalpa, capital hondureña. Un estudiante de 16 años desapareció el 5 de agosto tras salir de clases.
Esa misma noche, las autoridades localizaron su cuerpo con heridas de bala en un barrio de la capital.
Wilmer Vásquez, coordinador de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez, describió la situación como una amenaza creciente.
“Ser niño y ser joven es un riesgo, es un peligro”, afirmó a la agencia EFE.
Según Vásquez, la violencia se relaciona con problemas como pobreza, desigualdad, abandono escolar y desplazamiento forzado.
También mencionó la migración, el trabajo infantil, los abusos sexuales y los embarazos adolescentes entre las principales vulnerabilidades.
Más de un millón de niños están fuera de las aulas
La Defensoría de la Niñez del Comisionado Nacional de Derechos Humanos también alertó sobre el deterioro de las condiciones para los menores.
Cándida Maradiaga, coordinadora de esa oficina, calificó el escenario como una “emergencia nacional”.
Según datos del organismo, unos 1,330 menores murieron violentamente entre 2020 y junio de 2026. El promedio equivale a una víctima cada 43 horas.
Además, más de un millón de niños permanecen fuera de las aulas. Otros 500,000 realizan trabajo infantil, según las cifras citadas por el organismo.
A esto se suman unos 20,000 menores en situación de calle y alrededor de 25,000 embarazos adolescentes cada año.
Maradiaga pidió revisar las políticas de prevención y fortalecer los mecanismos de protección para evitar nuevas víctimas.
El reclutamiento criminal mantiene en riesgo a los menores
Las organizaciones también advierten sobre el reclutamiento de niños y adolescentes por maras, pandillas y estructuras del crimen organizado.
Maradiaga señaló que estos grupos utilizan a menores de 18 años para participar en actividades delictivas.
La defensora consideró que el reclutamiento forzado continúa como una tarea pendiente para el Estado hondureño.
Según Casa Alianza, esta práctica constituye una de las principales expresiones de violencia contra la niñez en Honduras.
Además, la organización la identifica como una causa relevante del desplazamiento forzado interno.
No existen estadísticas oficiales sobre el reclutamiento de menores. Sin embargo, organizaciones defensoras alertan sobre su expansión en comunidades vulnerables.
Organizaciones cuestionan la respuesta estatal
Vásquez sostuvo que Honduras cuenta con numerosas políticas públicas y reformas legales destinadas a proteger a la niñez.
Sin embargo, cuestionó su aplicación y ejecución efectiva.
El representante de Coiproden también señaló problemas relacionados con la impunidad y la corrupción.
A su juicio, mientras persistan esas condiciones, los menores y jóvenes continuarán entre los grupos más expuestos a la violencia.
Las organizaciones defensoras reclaman mayor presupuesto, prevención y coordinación institucional para enfrentar la crisis.
También piden medidas específicas contra el reclutamiento criminal y otras formas de violencia que afectan a niños y adolescentes.
Con información de EFE
