La venta de una niña a un hombre de 73 años en El Salvador encendió las alarmas regionales y volvió a exponer la crudeza con la que operan las redes de trata en Centroamérica, según los hallazgos de una operación internacional contra el tráfico de personas.
La investigación se conoció en el marco de la operación Liberterra III, una acción coordinada a escala global para combatir la trata de personas y el tráfico de migrantes, en la que El Salvador quedó en el centro de la atención por la gravedad del caso detectado.
De acuerdo con las autoridades, la menor fue entregada como parte de una transacción ilegal, tratada como mercancía dentro de un esquema de explotación que evidencia el alto nivel de deshumanización con el que actúan estas redes criminales.
Especialistas advierten que estos delitos suelen permanecer ocultos durante largos períodos, ya que las víctimas enfrentan amenazas, miedo a represalias y, en muchos casos, dependencia económica o emocional de sus agresores.
La operación también permitió identificar situaciones graves en otros países de la región. En Belice, se detectó a menores sometidos a explotación laboral en una fábrica de vidrio, obligados a trabajar durante años sin una intervención oportuna de las autoridades.
En Costa Rica, fue detenido un hombre acusado de presionar a estudiantes menores de edad para producir material sexual. La investigación reveló además la presunta participación de una docente que habría facilitado el acceso del agresor a las víctimas.
Según INTERPOL, la trata de personas ya no se limita únicamente a la explotación sexual. Las redes criminales han diversificado sus métodos e incluyen trabajo forzoso, esclavitud doméstica y la utilización de víctimas en actividades ilícitas.
Los menores de edad y los migrantes en situación de vulnerabilidad continúan siendo los principales objetivos de estas organizaciones, que aprovechan la pobreza, la migración irregular y las debilidades institucionales de la región.
Liberterra III se desarrolló entre el 10 y el 21 de noviembre de 2025 y dejó un saldo global de 3.744 personas detenidas, de las cuales más de 1.800 estarían directamente vinculadas a delitos de trata y tráfico de migrantes.
Además, se identificaron más de 4.400 posibles víctimas en 119 países y se alertó sobre el uso creciente de plataformas digitales para captar personas mediante falsas ofertas de empleo o migración, lo que refuerza la urgencia de una respuesta coordinada en Centroamérica.
