Anualmente, al menos 1,000 animales silvestres son extraídos de sus hábitats en Costa Rica para tráfico ilegal de especies, según el Ministerio Público costarricense. Los animales son vendidos como mascotas, como trofeos y son traficados internacionalmente.
El promedio anual de animales silvestres arrebatados de sus ecosistemas en Costa Rica ronda los 1,000 constituyendo un delito que genera altas ganancias y que afecta a la seguridad ambiental y la salud de los ciudadanos. El Ministerio Público no detalló las especies de los animales traficados.
Los datos fueron presentados en el marco del seminario “Nuevas tendencias de la criminalidad organizada en la delincuencia ambiental, con énfasis en tráfico de vida silvestre y minería ilegal” en el que el Ministerio Público y Humane World for Animals buscan robustecer la respuesta institucional a delitos ambientales.
Ante la gran cantidad de animales traficados por estructuras criminales, la fiscal subrogante del Ministerio Público, Karen Valverde, dijo que están viendo “nuevas modalidades criminales” que imponen “nuevos desafíos” para las autoridades que deben tener “una observación más aguda, más precisa” y mayor análisis.
“Se requiere una respuesta represiva efectiva, y la persecución penal a través de una sólida investigación. Y recursos no tenemos. ¿Qué nos queda? Este trabajo en equipo, colaborativo, de todas las personas e instituciones hoy representadas aquí” afirmó Valverde durante su intervención en el seminario.
En cuanto a los daños que deja el tráfico de vida silvestre, el fiscal coordinador de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental (CNSA), Juan Pablo González, dijo que el crimen organizado ambiental está “dañando el equilibrio ecosistémico” que genera alteraciones en el hábitat.
La CNSA que vigila estos casos está integrada por la fiscalía general, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Las autoridades recordaron que en la Asamblea Legislativa presentaron un proyecto para aumentar penas por delitos ambientales.
