Las primeras solicitudes de captura del Ministerio Público de Guatemala contra los exfiscales Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez enfrentaron un revés judicial. Una jueza rechazó las órdenes de detención solicitadas por la Fiscalía, mientras otro juez dejó sin efecto las diligencias que sí habían sido autorizadas para uno de los investigados.
La decisión representa el primer obstáculo para la nueva administración del Ministerio Público, encabezada por Gabriel García Luna, en las investigaciones contra dos exfuncionarios que ocuparon cargos de alto nivel durante la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras.
Tribunal rechaza las solicitudes de detención
Fuentes del Organismo Judicial confirmaron que la jueza de Diligencias Urgentes, María Benilda Sandoval Valdez, negó las órdenes de captura solicitadas por el Ministerio Público contra Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez.
Según las fuentes, la Fiscalía argumentó que existía riesgo de fuga y posibilidad de obstaculizar la investigación. También sostuvo que ambos exfiscales podrían conservar influencia dentro de la institución por los cargos que desempeñaron durante varios años.
Sin embargo, la jueza autorizó otras diligencias en el caso de Curruchiche. Entre ellas, un allanamiento y una citación para rendir primera declaración.
Esperamos que el Ministerio Público haya impugnado las resoluciones que negaron las órdenes de captura contra Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez. https://t.co/jyyjcTIydD
— Juan Francisco Sandoval (@JSandoval1982) July 31, 2026
En cambio, en el expediente de Sánchez rechazó únicamente la orden de captura. Hasta el momento, las autoridades no han informado los hechos que motivan esa investigación. Además, fuentes judiciales indicaron que ambos casos corresponden a hechos distintos.
Un segundo juez anuló las diligencias autorizadas
Posteriormente, el juez Fredy Orellana, quien supervisa el expediente, revocó el allanamiento y la citación aprobados por la jueza en el caso de Curruchiche.
Como resultado, las principales actuaciones previstas por el Ministerio Público quedaron sin efecto en esta primera etapa de la investigación.
De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, la decisión genera preocupación porque podría afectar el avance de las pesquisas y limitar las acciones previstas por la Fiscalía.
Además, Orellana tuvo un papel relevante en procesos impulsados anteriormente por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida en ese momento por Curruchiche, incluido el caso relacionado con las elecciones generales de 2023.
Investigación analiza posible divulgación de información reservada
Fuentes con conocimiento del expediente indicaron que la investigación contra Curruchiche está relacionada con un video publicado en sus redes sociales cuando dirigía la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
En esa grabación hizo referencia a la Unidad de Métodos Especiales del Ministerio Público. Esa dependencia brinda apoyo técnico a investigaciones penales mediante interceptaciones legales de comunicaciones, localización de personas en riesgo y monitoreo de llamadas vinculadas con delitos.
La Fiscalía busca establecer si la difusión de esa información vulneró la reserva legal que protege las operaciones de la unidad especializada.
Durante su gestión, Curruchiche utilizó con frecuencia sus redes sociales para informar sobre investigaciones y exponer avances de distintos casos antes de que existieran resoluciones judiciales definitivas.
Los exfuncionarios ocuparon cargos clave en la administración anterior
Rafael Curruchiche dirigió la Fiscalía Especial contra la Impunidad durante la administración de Consuelo Porras. En ese período, la unidad impulsó investigaciones contra exfiscales anticorrupción, jueces, periodistas, autoridades electorales, dirigentes indígenas y otros actores públicos.
Uno de los procesos más conocidos fue el caso relacionado con el partido político Movimiento Semilla, promovido después de las elecciones generales de 2023.
Por su parte, Ángel Saúl Sánchez Molina encabezó una sección del Ministerio Público y dirigió investigaciones de alto impacto político. Entre ellas figura el caso relacionado con la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que recibió cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y sectores académicos.
Nueva administración mantiene abiertas las investigaciones
Las solicitudes de captura forman parte de la estrategia impulsada por el fiscal general Gabriel García Luna tras asumir la dirección del Ministerio Público.
El mismo día de su llegada al cargo, ordenó la liquidación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad que dirigía Curruchiche. Además, la nueva administración anunció la revisión de investigaciones desarrolladas durante la gestión anterior y el análisis de posibles responsabilidades penales de antiguos funcionarios.
Aunque las órdenes de captura fueron rechazadas y otras diligencias quedaron anuladas, el proceso continúa abierto. El Ministerio Público aún puede presentar los recursos previstos por la legislación guatemalteca para intentar revertir las decisiones judiciales y avanzar con las investigaciones.
