La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala declaró en rebeldía a 26 personas señaladas por el Ministerio Público en el marco del caso denominado Acuerdos Fraudulentos, Corrupción e Impunidad, una de las fases del expediente relacionado con la red de corrupción de Odebrecht. Entre estas figuran Iván Velásquez, excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y embajador colombiano ante el Vaticano, y Luz Adriana Camargo, actual fiscal general del país sudamericano.
Ambos son señalados por supuestos delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.
La Sala también decretó el arraigo de todos los implicados y ordenó la difusión de sus datos personales, fotografías y características físicas en los medios de comunicación. Además, resolvió que el caso sea conocido bajo reserva total, restringiendo el acceso a la información pública sobre el proceso.
Según explicó el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, el expediente involucra a exfuncionarios de la extinta CICIG y de anteriores administraciones del Ministerio Público, a quienes se acusa de haber “vendido, archivado o eliminado expedientes clave” relacionados con la red de sobornos de Odebrecht. Curruchiche aseguró que estas supuestas acciones no se debieron a la falta de pruebas, sino a “negociaciones oscuras e ilegales a cambio de favores o dinero”.
La resolución se emite en medio de fuertes cuestionamientos internacionales sobre la independencia del sistema judicial guatemalteco y en particular sobre las acciones del actual liderazgo del Ministerio Público, que ha sido señalado por perseguir a operadores de justicia que participaron en investigaciones anticorrupción en años anteriores. El expediente aún debe ser asignado a un juez contralor.
