En Centroamérica, apenas una fracción de los trabajadores podrá jubilarse con una pensión. La región enfrenta un desafío estructural: la baja cobertura de la seguridad social. Esto es impulsado por la alta informalidad laboral y los sistemas de cotización limitados que dejan fuera a la mayoría de la población económicamente activa.
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2024, solo Panamá (60%) y Costa Rica (56,2%) superan la mitad de cobertura en pensiones. En cambio, Honduras (10,7%), Guatemala (16,7%), El Salvador (20,1%) y Nicaragua (28,6%) muestran niveles críticos. Estos reflejan una exclusión generalizada del sistema previsional.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que, aunque la cobertura de pensiones en América Latina creció del 35% en el año 2000 al 47,9% en 2022, el avance sigue siendo insuficiente. En Centroamérica, la persistente informalidad laboral, que ronda entre el 60% y el 70% en países como El Salvador, es el principal obstáculo para mejorar la protección social.
El modelo salvadoreño, único en la región por ser completamente privado y de capitalización individual, muestra los límites de este esquema. Después de casi 3 décadas de funcionamiento, las pensiones promedian apenas 400 dólares mensuales. Esto es según datos oficiales, muy por debajo del costo de vida básico.
En contraste, Costa Rica y Panamá operan sistemas híbridos, combinando contribuciones obligatorias con pensiones solidarias financiadas por el Estado.
La informalidad genera una trampa difícil de romper. Muchos pequeños emprendedores y trabajadores por cuenta propia no se incorporan a la economía formal debido a los altos costos fiscales y laborales, que incluyen el pago del IVA, cotizaciones sociales, aguinaldos e indemnizaciones. Esto impide ampliar la base de cotizantes y compromete la sostenibilidad de los sistemas de pensiones.
Los expertos coinciden en que el futuro de la seguridad social en Centroamérica depende de políticas públicas que fortalezcan los regímenes no contributivos, destinados a quienes no logran ingresar al mercado formal.
Modelos como el costarricense, que ofrece una pensión básica financiada por el Estado para personas sin aportes, son vistos como ejemplos de sostenibilidad y justicia social. Esto es relevante en una región donde millones trabajan toda su vida sin garantía de retiro digno.
