En medio de una licitación clave para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en Honduras, la empresa Smartmatic enfrenta serias acusaciones judiciales en Estados Unidos por supuestos sobornos a una exfuncionaria electoral de Venezuela.
La firma tecnológica, sin embargo, rechaza los señalamientos y alega que se trata de “tergiversaciones” y una campaña de desprestigio con intereses que trascienden lo electoral.
Según documentos judiciales de la Corte de Distrito Sur de Florida, el fundador de Smartmatic, Roger Piñate, habría transferido una casa de clase media alta en Caracas, Venezuela, a la entonces presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibsay Lucena Ramírez, entre abril y julio de 2019.
El supuesto soborno buscaba resolver un conflicto contractual tras la denuncia pública que Smartmatic hizo contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2017, al reportar una diferencia de un millón de votos en las cifras oficiales.
Desde Centroamérica, Francisco Campos, representante de Smartmatic para Honduras y la región, afirmó que las acusaciones son parte de una estrategia mayor. “Siempre hemos actuado con apego a la ley, de forma ética y transparente”, dijo.
En Honduras, Smartmatic fue responsable del sistema biométrico en las elecciones generales de 2021, por un monto de más de 220 millones de lempiras (casi 8.4 millones de dólares).
También fue adjudicada para operar en TREP en los comicios internos de marzo de 2025 y actualmente es la única oferente considerada para el mismo sistema en las elecciones generales del próximo noviembre, tras la crisis institucional del Consejo Nacional Electoral (CNE) que limitó la participación de otras compañías.
El imapcto de las acusaciones de Estados Unidos
Las acusaciones desde Estados Unidos podrían tener implicaciones políticas en Honduras y otros países centroamericanos, donde Smartmatic ha operado como proveedor tecnológico en procesos electorales.
Aun así, Campos defendió el desempeño reciente de la empresa en el país. “Todos los partidos aceptaron los resultados. Nadie, absolutamente nadie, salió a reclamar”, aseguró sobre los comicios de marzo pasado.
El caso judicial también implica a otros presuntos cómplices de Piñate, acusado de participar en una red internacional de sobornos para obtener contratos electorales el Filipinas en 2016.
Además, en Estados Unidos, Smartmatic mantiene una demanda de 2.700 millones de dólares contra la cadena Fox, a la que acusa de difamación por vincularla con un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020.
