La Sala Constitucional de Costa Rica ha reiterado, en defensa de la libertad de prensa, que el uso de lenguaje irrespetuoso y ofensivo por parte de funcionarios públicos, incluidos altos cargos como el presidente y ministros, contra periodistas y medios de comunicación, constituye una violación a este derecho fundamental.
Esta afirmación responde a la Resolución N.º 12085-2023, derivada de un recurso de amparo presentado por el periodista Jason Ureña contra el presidente Rodrigo Chaves y la exministra de Salud, Joselyn Chacón, por emplear insultos y calificativos denigrantes durante una conferencia de prensa el 9 de enero de 2023.
La decisión de los magistrados señala que ciertas expresiones utilizadas por los funcionarios no solo fueron injustificadas, sino que representan un claro exceso, contribuyendo al hostigamiento desde el gobierno contra los medios y los periodistas mencionados.
“Sicarios” y “prensa canalla”, grita Chaves
Estas expresiones, que incluyen términos como “prensa canalla”, “malditos”, “sicarios políticos” y “asesinos a sueldo”, dirigidas a periodistas de medios reconocidos, han sido calificadas de desafortunadas por el Tribunal, que resalta el deber de los funcionarios de mantener los más altos estándares de respeto hacia la prensa.
La sentencia completa, ya disponible al público, reafirma el derecho de los funcionarios a contestar a las críticas, siempre y cuando se haga sin fomentar el hostigamiento ni atentar contra la integridad de los periodistas y los bienes de los medios de comunicación.
¿Qué sería de Rodrigo Chaves sin la “prensa canalla”?
La Nación señaló que salió más cara y el Guerras lo confirmó. Si quiere porrismo, que revise la nómina.
Debería escuchar su consejo de no molestarse con la prensa… https://t.co/itBunSI257 pic.twitter.com/qCmcAalUu9— Brauw Alejandro (@ItsBraulioBitch) January 9, 2024
Además, subraya que la intervención de estos funcionarios no debe convertirse en un mecanismo para promover el hostigamiento o acciones que puedan perjudicar físicamente a los periodistas o dañar los activos de los medios.
Este fallo recuerda además que los funcionarios públicos, por su exposición y responsabilidad, están sujetos a un nivel de crítica más intenso que el ciudadano promedio, lo cual exige una mayor tolerancia frente a comentarios críticos, incluso si estos son agudos, irónicos o sarcásticos.
Funcionarios se justifican
En un intento por deslegitimar el recurso de amparo, tanto Chaves como Chacón argumentaron que sus comentarios se realizaron en un contexto general sobre la cobertura política y afirmaron haber ejercido válidamente su libertad de expresión.
Sin embargo, justificaciones como el uso de calificativos negativos en contextos privados o la intención detrás de ciertas frases no fueron suficientes para convencer al Tribunal de la idoneidad de sus acciones.
La resolución de la Sala Constitucional no sólo establece límites claros al comportamiento de los funcionarios públicos en su interacción con la prensa, sino que también fortalece la democracia costarricense, al garantizar la libertad de expresión y prensa como pilares fundamentales.
