Guatemala enfrenta una ola de robos de teléfonos móviles que, según datos del Ministerio Público (MP), acumulan más de 288,000 denuncias entre mayo de 2014 y mayo de 2025, un fenómeno que autoridades y expertos señalan como parte de redes del crimen organizado y que impacta la seguridad ciudadana en Centroamérica.
En poco más de una década, las denuncias por robo de celulares ingresadas al MP alcanzaron las 288,709, pero menos del 1 % de esos casos terminó en una sentencia, según estadísticas oficiales.
Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía contra el Crimen Organizado han identificado estructuras criminales que no solo roban teléfonos, sino que los comercializan y trasladan, incluso hacia mercados en México, lo que muestra una sofisticación mayor que la típica delincuencia común.
La PNC indica que dispositivos de alta gama suelen ser desbloqueados y enviados fuera del país, mientras que los de menor valor quedan dentro de Guatemala, a veces incluso ingresando a centros penitenciarios para facilitar llamadas de extorsión u otros delitos.
Expertos en seguridad señalan que este incremento en robos forma parte de una tendencia regional donde el mercado de dispositivos electrónicos robados se vuelve lucrativo para redes criminales, conectando economías informales y rutas de contrabando en Centroamérica y México.
Organizaciones sociales y autoridades guatemaltecas han advertido que la baja proporción de sentencias refleja déficits en investigaciones y en la persecución penal efectiva, lo que podría estar alimentando la impunidad en estos delitos.
El auge de este tipo de robos genera impacto económico y social, ya que millones de usuarios quedan sin dispositivos esenciales para la comunicación diaria, y plantea desafíos para los sistemas de justicia y seguridad en la región centroamericana, que buscan frenar redes delictivas cada vez más organizadas.
