Una jueza panameña decidió este lunes posponer la audiencia para el juicio del caso Odebrecht que acusa al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y un grupo de 25 personas más, entre las que se incluyen figuras políticas y empresarios, por una serie de delitos relacionados al pago de sobornos del consorcio brasileño.
La Jueza Primera de Liquidación de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, adjunta, Baloísa Marquínez Morán, reprogramó la audiencia ordinaria del denominado caso “Odebrecht” para la fecha del 11 de noviembre al 19 de diciembre del 2025. Y como alterna, del 12 de enero al 13 de febrero del 2026.
Es la tercera postergación del juicio, la primera de ellas fue en julio de 2023, luego en septiembre de 2023 y la última en noviembre de 2024 debido a que se estaba en “etapa de admisibilidad de pruebas” y, después, faltaban unas “asistencias internacionales” de Brasil.
Según un informe del poder judicial panameño, la decisión fue motivada por la espera de que se cumplan con las solicitudes de asistencias judiciales internacionales, que permitan un contradictorio que garantice el efectivo derecho a la defensa,
Durante la audiencia preliminar de este lunes, tras haber escuchado las partes, y al reconocer que el ejercicio de la acción penal le corresponde al Ministerio Público, y que –del otro lado– se debe garantizar que se cumpla con un adecuado contradictorio, la jueza Marquínez Morán hizo el anuncio de la reprogramación de la audiencia de fondo, para lo cual pidió a todas las partes cumplir con su presencia.
Martinelli, quien se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua desde febrero de 2024, es uno de los principales implicados en este caso. También están acusados los hijos del expresidente -Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares- y el también expresidente Juan Carlos Varela.
El caso está vinculado a los sobornos pagados por Odebrecht en el marco de millonarios contratos públicos, entre ellos proyectos clave como la construcción del Metro de Panamá. La empresa brasileña, que se declaró culpable en 2016 por distribuir más de $788 millones en sobornos en América Latina, reconoció haber pagado alrededor de $59 millones en Panamá para obtener dichos contratos.
A pesar de que Martinelli no aparece directamente como receptor de los pagos, el juicio sostiene que tenía pleno conocimiento de la procedencia ilícita de los fondos, que finalmente terminaron en su beneficio.
Además, en la investigación se vincula a Varela con sobornos recibidos durante su mandato presidencial, aunque él ha afirmado que los fondos fueron destinados a su campaña de 2009 a través de intermediarios. La fiscalía sostiene, sin embargo, que estos pagos continuaron mientras Varela era vicepresidente y presidente.
