La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación por la criminalización de operadores de justicia en Guatemala.
La funcionaria publicó en su cuenta en X la carta enviada al Gobierno de Guatemala, en la que señala acciones penales contra al menos 26 personas vinculadas a la investigación del caso Odebrecht.
Según la relatora, las medidas afectan a fiscales y exfuncionarios que integraron la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Señalamientos por uso del derecho penal
Satterthwaite advirtió que el caso refleja un patrón preocupante de criminalización contra personas operadoras de justicia que investigaron corrupción.
Indicó que el uso de delitos graves, como asociación ilícita, conspiración, colusión y abuso de autoridad, sin nuevas pruebas, podría constituir un uso infundado del derecho penal.
Ahora Público #Guatemala – Mi carta al Gobierno de #Guatemala en la que expreso seria preocupación por la criminalización de al menos 26 personas operadoras de justicia que investigaron el emblemático caso #Odebrecht en Guatemala. (1/4)
— Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) December 17, 2025
A su juicio, estas acciones del Ministerio Público podrían tener un efecto intimidatorio sobre fiscales, jueces y juezas que investigan casos de corrupción en la actualidad.
Llamado al Gobierno y a las instituciones
En ese contexto, la relatora de la ONU instó al Gobierno guatemalteco a adoptar todas las medidas disponibles para poner fin a la criminalización.
También pidió al Ministerio Público que “cese inmediatamente” esta práctica, según lo expuesto en la comunicación oficial.
Además, señaló que jueces y juezas deben identificar los casos que sugieran criminalización y evaluarlos de forma independiente e imparcial.
La relatora recordó que estas decisiones deben ajustarse a la Constitución, la ley y las normas internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad.
Respuesta del Gobierno de Guatemala
Tras la comunicación, el Gobierno de Guatemala respondió por medio de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos.
La entidad reconoció que el país atraviesa un momento crítico en relación con la criminalización de defensores de derechos humanos.
No obstante, afirmó que existe un firme compromiso estatal con la protección de los derechos humanos y el respeto a los estándares internacionales.
Apertura a supervisión internacional
Según la comisión, ese compromiso se refleja en la reapertura del Estado a los mecanismos internacionales de protección.
La oficina destacó que Guatemala ha permitido una supervisión independiente de la situación de derechos humanos en el país.
Como ejemplo, mencionó las visitas oficiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caso Odebrecht y la independencia judicial
El llamado de la relatora especial se suma a las alertas internacionales sobre la independencia judicial en Guatemala y la situación de quienes investigaron casos emblemáticos de corrupción.
La ONU reiteró la importancia de garantizar que la justicia opere sin presiones, con respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales.
El pronunciamiento mantiene el foco internacional sobre las acciones del Estado y el rol del sistema de justicia guatemalteco en casos de alto impacto.
