El Congreso de Honduras extendió por cuarta ocasión un régimen de excepción con el que el gobierno de la presidenta izquierdista Xiomara Castro pretende combatir a las pandillas, responsables de la mayoría de crímenes violentos y la extorsión en el país.
Esta medida, vigente desde diciembre, es similar a la que mantiene su vecino país El Salvador y que le ha resultado efectiva para combatir a las temidas maras.
“Decretar por un período de 45 días la suspensión de las garantías establecidas en […) la Constitución”, dice la resolución del Congreso.
De acuerdo al director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, el régimen de excepción ha permitido llevarle tranquilidad a la población, porque es una herramienta para combatir las estructuras del crimen organizado.
Cifras oficiales indican que los homicidios este año han disminuido un 27% en comparación a 2022.
Permite “realizar algunas aprehensiones o a realizar algunos allanamientos sin tener previamente una orden judicial”, dijo.
El Consejo Nacional del Transporte (CNT), que agrupa a dueños de vehículos de pasajeros y de carga, dijo que el “estado de excepción” ha funcionado para “los pequeños comerciantes”, pero no para el transporte, que sufrió este jueves la quema de un autobús a manos de presuntos pandilleros.
Honduras es el país más violento de Centroamérica y solo este año registra más de 900 homicidios.
Como en El Salvador, organismos que velan por los derechos humanos sostienen que el régimen permite a las autoridades violentar las garantías constitucionales de los ciudadanos.
