La Fiscalía de EL Salvador presentó el pasado 26 de junio una acusación formal ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado por el caso de 86 salvadoreños que fueron trasladados a la República Democrática del Congo bajo falsas promesas de empleo y que, según las investigaciones, terminaron participando en operaciones militares junto al Ejército de ese país contra el grupo rebelde M23, reveló el diario salvadoreño La Prensa Gráfica.
El proceso judicial se originó a partir de una denuncia interpuesta por 60 de los afectados a finales de 2025. Los denunciantes aseguraron que fueron reclutados con la promesa de desempeñarse como agentes de seguridad privada con salarios superiores a $4,000 mensuales; sin embargo, al llegar al país africano fueron obligados a actuar como contratistas militares privados y afirmaron que nunca recibieron la remuneración ofrecida.
La acusación señala como principales imputados a Juan Emilio Velasco Alfaro, administrador único propietario de Importaciones de Productos Americanos (IMPROA S.A. de C.V.), y a la abogada y notaria Karla Mayreth Reyes Gómez. Ambos enfrentan cargos por falsedad ideológica, trata de personas en la modalidad de servidumbre y agrupaciones ilícitas. Además, la investigación menciona a Rodrigo Antonio Tejada Alvarenga y Julio Eduardo Magaña Cepeda, identificados por las víctimas como reclutadores.
De acuerdo con la Fiscalía salvadoreña, los acusados ofrecían contratos para trabajar como personal de seguridad en instalaciones de la República Democrática del Congo, con salarios de hasta $4,226 mensuales, actuando presuntamente como intermediarios de la empresa internacional Logistics and Consulting Limited (ATZ).
Uno de los denunciantes relató que el proceso de selección incluyó pruebas físicas y exámenes médicos en El Salvador, bajo la promesa de brindar únicamente servicios de vigilancia.
Según los testimonios recopilados por el Ministerio Público, al llegar al Congo los salvadoreños fueron informados de que debían participar en operaciones militares junto al Ejército congoleño. Los afectados sostienen que recibieron entrenamiento, fueron amenazados con no recibir pago si se negaban a combatir y que quienes rechazaron esas tareas permanecieron abandonados en instalaciones militares en condiciones precarias, donde varios contrajeron malaria.
Tras regresar a El Salvador, los denunciantes afirmaron que solicitaron el pago de los salarios pendientes, pero aseguraron que la empresa les ofreció entre $300 y $400 a cambio de firmar documentos mediante los cuales renunciaban a emprender acciones legales. Ante esa situación, decidieron presentar denuncias ante el Ministerio de Trabajo y la Fiscalía General de la República.
El caso coincide con un informe del Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que señala que al menos 300 salvadoreños fueron reclutados desde julio de 2025 para apoyar al Ejército congoleño en el conflicto contra el grupo M23. El documento también recoge que el Gobierno de El Salvador informó a los expertos que no tenía conocimiento del reclutamiento ni había autorizado el despliegue de ciudadanos salvadoreños en ese conflicto.
