Uno de los responsables del múltiple homicidio ocurrido en Mejicanos en junio de 2010, considerado uno de los ataques más atroces en la historia reciente de El Salvador, fue recapturado por las autoridades. Se trata de Eduardo Enrique Rosales Mendoza, apodado Gárgola, miembro activo de la pandilla 18 Revolucionarios, quien había sido condenado como menor de edad y cumplió una pena de 15 años de prisión.
Según explicó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, Rosales Mendoza fue liberado conforme al sistema judicial de menores tras cumplir su sentencia, pero nuevamente fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) en coordinación con la Fiscalía General de la República, esta vez acusado del delito de agrupaciones ilícitas.
“Este criminal fue uno de los que participó en la quema del bus en junio de 2010, un hecho atroz en el que murieron personas calcinadas y otras resultaron heridas por las llamas y los disparos de los terroristas. Ahora será procesado por agrupaciones ilícitas y pagará con décadas en prisión”, afirmó Villatoro.
Según el sistema judicial de menores que lo condenó en 2010, lo íbamos a devolver a la sociedad. Este estuvo 15 años preso, ahora ya tiene 31 años. Este criminal fue uno de los que participó en la quema del bus en junio 2010, un hecho atroz en el que murieron personas calcinadas… pic.twitter.com/P3giLidbKM
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) July 30, 2025
El 20 de junio de 2010, Rosales Mendoza formó parte de un grupo de pandilleros que interceptó un microbús de la ruta 47 en la zona de Mejicanos, al norte de San Salvador. Los atacantes rociaron gasolina sobre el vehículo, lo sellaron y le prendieron fuego, dejando atrapados a los pasajeros en su interior. La tragedia dejó un saldo de 11 personas muertas calcinadas y otras ocho heridas. Horas después, en la misma zona, se produjo un segundo ataque armado que cobró la vida de un adulto y 2 niñas, elevando la cifra de víctimas mortales a 14.
El entonces presidente Mauricio Funes calificó los hechos como “terrorismo puro” y desplegó a 4,000 soldados para apoyar a la policía en tareas de seguridad. La masacre motivó también la aprobación de la ley que prohíbe expresamente las maras y pandillas, una medida que provocó represalias por parte de estos grupos, incluyendo un paro nacional de transporte.
